El Gobierno promueve una reforma para resolver en tres meses las solicitudes de protección internacional

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta este martes una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de extranjería, según ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

«Se ha dado luz verde a dos anteproyectos liderados por el Ministerio del Interior, en el que llevamos tiempo trabajando, que suponen la elaboración de una ley de asilo y la reforma de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social», ha asegurado Saiz en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el objeto común de ambos textos es adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio.

El Gobierno recabará ahora informe de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado, así como del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes o el Consejo Estatal de ONG, tal y como ha avanzado el ministro, que espera poder aprobar ambos proyectos de ley a la mayor brevedad posible para remitirlos al Congreso, donde ha asegurado que hablarán con «todos» los grupos parlamentarios.

El Pacto Europeo de Emigración está compuesto por un paquete normativo de nueve reglamentos de aplicación directa desde junio y por la Directiva de la Unión Europea del 14 de mayo de 2024 que fija las normas de acogida de los solicitantes de protección.

«Garantista»

En cuanto a la nueva ley de asilo y la reforma de la ley de extranjería, Marlaska ha explicado que se trata de anteproyectos elaborados con un enfoque «garantista de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes». «El mismo enfoque que nos llevó, como bien saben, a rechazar el Reglamento de Retorno a Terceros Países. Pero también es una perspectiva que conjuga la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad de nuestro país», ha apuntado.

De la misma manera, sobre la ley de asilo, ha expuesto que el objetivo del Ejecutivo es contar «con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista, que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir en modo alguno las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias».

En primer lugar, el ministro ha detallado que la norma actualiza y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. Además, incorpora realidades como la persecución relacionada «con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad». «Mejora el abordaje de situaciones concretas de vulnerabilidad», ha añadido.

Respecto a la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, ha indicado que la futura ley distingue entre el procedimiento ordinario de examen, un procedimiento de examen y aceleración de los expedientes de solicitud de protección internacional y el procedimiento, que ha de estar resuelto en tres meses.

12 semanas

Además, fija un nuevo procedimiento de frontera, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante los cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas.

También ha insistido en que el nuevo procedimiento no significa la no tramitación de ningún expediente de protección internacional, sino «todo lo contrario»: unos «tiempos más breves» y «sin menoscabo alguno de los derechos y libertades fundamentales».

Respecto a la ley de extranjería, incorpora la figura del triaje, el proceso de recogida de información de los extranjeros que cruzan las fronteras españolas sin haber sido sometidos a los controles fronterizos de entrada. «El control incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos», ha argumentado.

Igualmente, Marlaska ha precisado que el triaje es «obligatorio» para los estados miembros y, aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días, en España seguirán siendo 72 horas «para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas».

Sobre el procedimiento fronterizo de retorno, la reforma incorpora los preceptos del Pacto Europeo sobre inmigración que impiden la entrada en territorio nacional de aquellas personas que llegan de manera irregular a las fronteras y no tienen derecho a protección internacional.

Por último, los solicitantes de protección internacional que vean rechazada su petición recibirán una notificación junto a la denegación de entrada y la obligación de abandonar el país.