El Gobierno pone en manos de las Comunidades autónomas la gestión de la fase 3 de la desescalada

Más de la mitad de los españoles, el 52 %, estará  el próximo lunes en la fase 3 de la desescalada, que pilotarán los gobiernos autonómicos. Esta etapa abre la puerta a la movilidad entre provincias y a salir del estado de alarma antes del 21 de junio, cuando acaba la última y sexta prórroga.

Disfrutarán de esta fase a partir del lunes los residentes en Galicia, La Rioja, el País Vasco, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, Baleares, Andalucía, Canarias, Cuenca, Guadalajara, Melilla y en las áreas sanitarias catalanas de Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre y Camp de Tarragona.

Estos 25 millones de españoles podrán salir a pasear o hacer deporte sin limitación de horario, además se podrán reunir en grupos de hasta 20 personas y los restaurantes ampliarán su aforo al 50 %, al igual que el comercio o los museos y salas de exposiciones.

Según lo acordado al aprobarse la prórroga del estado de alarma, serán los gobiernos autonómicos los que pilotarán esta tercera y última etapa de la desescalada, y entre sus prerrogativas estará decidir si se permite la movilidad entre sus provincias, informa EFE.

La «confusión» de la desescalada

Asimismo, «entre sus facultades está la de decidir cuándo acaba el estado de alarma en su comunidad y empieza la nueva normalidad», ha subrayado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha resaltado que esta decisión debería tomarse siempre que lo aconsejen los datos epidemiológicos.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que, en principio, los presidentes autonómicos «tendrán que solicitar al ministro» el fin del estado de alarma o, «como mínimo, informar» de su decisión.

La denominada por el Gobierno «nueva normalidad» implicará la movilidad entre territorios, una medida que el lehendakari, Íñigo Urkullu, demanda adelantar con apoyo del presidente cántabro, Emiliano Revilla, quien este viernes ha confiado en que los traslados entre Cantabria, el País Vasco y Asturias pueda permitirse «una semana antes» del 21 de junio.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado la «gran confusión» que hay sobre las competencias que tendrá cada Comunidad autónoma en la fase 3 y ha avanzado su intención de permitir la movilidad en toda Galicia a partir del próximo lunes, si depende únicamente de él. De la misma forma se ha manifestado la Junta de Andalucía, comunidad que ya está íntegramente en la misma fase.

Las fronteras se abren el 1 de julio

La movilidad internacional es también un factor decisivo en la denominada «nueva normalidad». España e Italia han pedido a la Comisión Europea que el levantamiento de las restricciones en las fronteras comunitarias se haga de forma coordinada y no discriminatoria entre todos los estados miembros, en base a criterios epidemiológicos «comunes, claros y transparentes».

Gobiernos como el de Angela Merkel han aconsejado no viajar a España, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara, inicialmente, una cuarentena de dos semanas para los turistas.  En cualquier caso, el Gobierno español mantiene la fecha del 1 de julio para abrir sus fronteras de forma segura, ha dicho la ministra portavoz, María Jesús Montero.

El resto del país entrará el lunes en la fase 2 de la desescalada. La Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y toda Castilla y León pasarán el lunes a la fase 2 tras recibir el visto bueno de las autoridades sanitarias. Albacete, Ciudad Real y Toledo seguirán en fase 2, al igual que la Comunidad Valenciana.

El empleo se desploma

El paso de Madrid y Barcelona a la fase 2, previsto para el lunes, contribuirá a impulsar la actividad en sus dos Comunidades autónomas que son, por su peso en el PIB, motores de la economía española.

El Gobierno de Madrid calcula que la caída del PIB regional en 2020 podría ser del 10 %, con una pérdida de alrededor de 390.000 empleos, mientras que el de Cataluña pronostica una caída de entre el 7,6 % y el 8,8 % y una pérdida de entre 226.800 y 261.800 empleos.