El Gobierno pide al Supremo que anule su sentencia contra el dedazo de Valerio en el Consejo de Estado

La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo para que se deje sin efecto la sentencia que tumbó el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.

El Alto Tribunal sentenció que la que fuera miembro del primer Gobierno de Pedro Sánchez no cumplía con uno de los requisitos que se exigen para ocupar el puesto en el la insitución consultiva. Concluyó el Supremo que Valerio no contaba con el requisito legal de ser una jurista de reconocido prestigio.

La herramienta jurídica del incidente de nulidad se utiliza cuando existe una supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. La Abogacía del Estado considera que la fundación ‘Hay Derecho’ no contaba con la legitimación para poder impugnar un nombramiento como este.

Se trata de un instrumento que se utiliza de forma excepcional solamente cuando existe una vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento judicial y que sólo en ocasiones muy puntuales acaban prosperando. Esta sería la acción judicial anterior a poder presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

«No sirve para tenerla por jurista»

Magdalena Valería debía cumplir dos requisitos para poder ser nombrada como presidente del Consejo de Estado: tener prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado, como apuntó en una nota de prensa el Tribunal Supremo.

Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente de la Sala del Contencioso-Administrativo y ponente del caso, apuntó sobre esos requerimientos que «no hay excepción, ni matización, ni preferencia» en el cumplimiento de uno sobre el otro. Además explicaba que el espíritu de esa norma es «asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el legislador».

Aunque la sentencia admitió que la ex ministra cuenta con una «notoria y sobresaliente trayectoria» a nivel político, reconoció que esa carrera «no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio». Tras un análisis exhaustivo del currículo de la recién nombrada presidente del Consejo de Estado, el Alto Tribunal concluyó que «nada consta» en sus méritos respecto a ser a una jurista de reconocido prestigio.

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados mostró su aprobación a finales de 2022 sobre la validez del perfil para ocupar ese cargo. Sin embargo, el juez se pronunció al contrario argumentando Cámara Baja tiene «naturaleza política» y por tanto, tomó esa decisión en virtud de esos criterios, pero el Tribunal Supremo tiene un «carácter técnico-jurídico», de ahí la diferencia en las conclusiones.

Ya entonces, la defensa de Magdalena Valerio acusó a la Fundación Hay Derecho de «falta de legitimación» para presentar el recurso contra el nombramiento de la ex ministra Valerio. En la sentencia, el magistrado rechazó que la entidad fuese una «pantalla instrumental creada para litigar». El juez aclaró que se trata de «una fundación surgida autónomamente, que lleva constituida varios años durante los cuales viene desarrollando regularmente su actividad». Por último, puntualizó que había logrado granjearse «un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social».