El Gobierno pacta con los sindicatos de Hacienda un plan para disparar las inspecciones

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 08/04/2019 06:50
  • Actualizado: 08/04/2019 19:32

Los “viernes sociales” de Pedro Sánchez elevan el gasto público hasta rondar los 3.000 millones de euros según las propias partidas presupuestarias anunciadas. Bruselas mete presión al Gobierno de España y le recuerda que tiene que tener un déficit máximo del 1,3% del PIB este año, se ponga como se ponga.

Sánchez ha llegado a una conclusión: que al margen de subidas de impuestos tecnológicos, diésel, Patrimonio, transacciones bancarias, cotizaciones sociales, etcétera, necesita algo más para hacer frente a semejante derroche. Y ese algo más será una fuerte ampliación de los dispositivos inspectores para que puedan disparar sus actuaciones sobre los contribuyentes españoles.

La medida ha sido ya pactada internamente por el PSOE y se ha debatido en los últimos meses con responsables sindicales de la Agencia Tributaria. Y supondrá un fuerte aumento de la presión sobre los particulares y empresas en un momento en el que las estadísticas no dan la razón de forma mayoritaria al Fisco en su forma de controlar a los contribuyentes.

Porque la mitad de las reclamaciones que realizan los españoles en materia fiscal contra las actuaciones de Hacienda acaban siendo tumbadas o en los Tribunales Económico Administrativos o en los Tribunales de Justicia.

Pleitos con Hacienda

Los datos proceden de los Tribunales Económico Administrativos y de Hacienda. Y reflejan que el número de contribuyentes que cada año se enfrenta a las decisiones de la Agencia Tributaria nacional o a las regionales va en aumento ante la evidencia de que no es nada extraño ganarle un pleito a Hacienda. Entre 2007 y 2017, último ejercicio del que hay datos cerrados, se ha disparado la pugna contra Hacienda un 54%.

En ese último año, llegaron a los Tribunales Económico Administrativos un total de 194.279 recursos y se resolvieron 209.617 -a causa de los retrasos existentes-. Hay que tener presente que, antes de acudir a los Tribunales de Justicia, hay que pasar por estos tribunales administrativos en las reclamaciones tributarias.

Pues bien, de todos esos casos resueltos, la Administración ganó el 44,76% de las reclamaciones. Los contribuyentes, por su parte, ganaron, al menos de forma parcial un 45,31%. El otro 9,92% fue desestimado o archivado.

Y la estadística no acaba ahí. Porque los informes chequeados por las asociaciones de asesores fiscales estiman el triunfo posterior en la Justicia en otro 30% de aquellos en los que los Tribunales Económico Administrativos no dieron la razón al contribuyente.

Con lo que el triunfo final para el particular frente al Fisco es superior a la mitad.

Procesos largos y costosos

¿Cuál es el problema? Que se trata de procesos de reclamación muy largos y costosos, por lo que la inmensa mayoría de la población no reclama.
Con estas bases es con las que Pedro Sánchez ha decidido reforzar los procesos inspectores y dar una vuelta de tuerca a las actuaciones de la Agencia Tributaria.

Hay que recordar que las actuaciones fiscales se han convertido en todo un mecanismo de recaudación. Solamente en el último año, el volumen de dinero aflorado por estas actuaciones se elevó a 15.000 millones de euros.

De hecho, esa partida subió claramente en 2018 tras dos años consecutivos de caídas: en el año 2017 ese ingreso fue de 14.790 millones y en 2016, de 14.883. Y ello, después del récord de 2015, año en el que se llegó a sumar por este concepto un volumen de 15.664 millones.

La subida de 2018 es aún más llamativa en comparación con años anteriores. En 2012, por este concepto, se recaudaron 11.517 millones; en 2013 un total de 10.950; y en 2014 se sumaron 12.300 millones de euros. Ahora, Sánchez quiere exprimir esa vía de ingresos.