El Gobierno incluye la cruz en su plan de desacralización «democrática» del Valle de los Caídos

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 18/04/2025 19:45
  • Actualizado: 18/04/2025 21:19

El proyecto para la autodenominada «resignificación» del Valle de los Caídos, que el Gobierno pretende acometer en los próximos años, incluye la Gran Cruz, el símbolo más emblemático del recinto. Esta cruz, con una altura de 152, 4 metros, es considerada la más grande del mundo.

El pliego de prescripciones técnicas del proyecto, consultado por OKDIARIO, incluye la cruz, además de otros espacios, como la basílica. En este caso, sólo quedarán fuera el altar y las bancadas «adyacentes» -no se aclara cuántas-, que «se conservarán como espacios destinados al culto religioso».

El Gobierno sí remodelará «el resto de los espacios del interior de la basílica», como «el vestíbulo, el atrio, el espacio intermedio, la nave desocupada, la cúpula (pero sin el altar) y las capillas del Santo Sepulcro y del Santísimo», al considerar que éstas «no están destinados al culto y podrán ser objeto de intervenciones de naturaleza artística y museográfica para la resignificación del lugar».

Fuentes del Ejecutivo sostienen que «jamás» se pensó en derribar la cruz, porque consideran que sin ella no se puede explicar el significado del Valle de los Caídos. «El nacionalcatolicismo se explica ahí», afirman, y añaden que destruyendo elementos «se borra la historia». No obstante, sí forma parte del proyecto de intervención.

30 millones

El Gobierno gastará 30 millones en este plan, de los cuales 4 millones serán para el concurso de ideas y la redacción del proyecto y 26 millones, para toda la resignificación, la museografía y la construcción del museo o centro de interpretación, que se ubicará en la explanada y parte de la basílica.

El centro de interpretación se define como el «eje neurálgico» del proyecto para la función de «pedagogía democrática».

El Gobierno pretende utilizarlo para difundir su visión de la «historia política, ideológica y arquitectónica del monumento y su significación en la historia de España y de Europa». En este contexto, el pliego establece que, entre los contenidos, se abordará «el uso de mano de obra penada en su construcción (que podría ampliarse al uso de mano de obra penada en la posguerra en general en todo el país)».

El plan afecta prácticamente a la totalidad del espacio. En relación al interior de la basílica, se dice que «las propuestas podrán plantear un uso polivalente y flexible», con «usos alternativos» que contribuyan a la «resignificación global del conjunto» para «convertirlo en un espacio de memoria para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y en un espacio de reconciliación».

El plan también afectará a la cúpula, cuya iconografía habrá de respetar la autodenominada «ley de memoria democrática», que el Gobierno pactó en 2022 con Bildu, mediante una «intervención moderada, sensible y respetuosa con los elementos existentes».

Críticas de la Conferencia Episcopal

La Conferencia Episcopal Española ha criticado este plan y ha matizado que  la «Iglesia Católica nunca ha sido promotora ni impulsora de las actividades de resignificación que el Gobierno de España quiere llevar a cabo en el Valle limitándose a salvaguardar los acuerdos vigentes desde el inicio ante las intervenciones estatales», desmarcándose así en un comunicado de la propuesta del Gobierno.

Señalan estas fuentes que el Ejecutivo ha tomado «la iniciativa lanzando un concurso de ideas sin contar con la Iglesia acerca de los pormenores o cuestiones que deberían ser concretadas con anterioridad, por si no se respetan los espacios y la sensibilidad religiosa».

Igualmente, se remiten al acuerdo entre el Gobierno y la Santa Sede para la remodelación del lugar, que obliga «al mantenimiento de la basílica donde se celebra la eucaristía así como sus signos litúrgicos y religiosos», de forma que «las intervenciones, de carácter artístico y museográfico siempre garantizarán el destino litúrgico y cultual de estos espacios sin alcanzar a dicho espacio».

Asimismo, afirman que ese acuerdo obliga también a mantener «las capillas con sus símbolos religiosos y espacios litúrgicos», algo que el plan del Gobierno no respeta.