El Gobierno impugna ante el TC la resolución del Parlament sobre el referéndum independentista

El Gobierno ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional las dos resoluciones aprobadas la semana pasada en el Parlament a favor de la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña. Junts pel Sí y la CUP aprobaron fijar la fecha para celebrar este referéndum «como muy tarde el 17 de septiembre», mientras que Cataluña Sí ques Pot propuso acordar una fecha con el Gobierno.

Este viernes, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, informó que el Ejecutivo ya ha solicitado la nulidad, en concreto de las resoluciones 1, 3, 4, 5 y 6 en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución para que se suspendan porque contravienen la Carta Magna.

Además, Sáenz de Santamaría informó que el Gobierno también ha solicitado a la Fiscalía que estudie si se tiene que actuar penalmente contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que «se abstengan» de dar nuevos pasos hacia la secesión por resultar contrarios a la Carta Magna.

«Puigdemont solo podría negociar con 47 millones de españoles»

La vicepresidenta señaló que el presidente catalán, Carles Puigdemont, «no es quién para negociar algo que no le corresponde» y dijo que sólo podría sentarse «con 47 millones de españoles que son los que tienen capacidad de negociación» sobre la soberanía.

Sáenz de Santamaría responde así a la oferta que hizo el catalán esta semana en Madrid de pactar con el Gobierno la fecha, la pregunta, los porcentajes e incluso una moratoria del referéndum sobre la independencia de Cataluña, previsto para septiembre de 2017.

A su juicio, los planteamientos del presidente de la Generalitat «no son nuevos» aunque los exponga en Madrid porque lo que es España ya «lo decidieron los españoles» en la Constitución de 1978 y por tanto él «no es quién para negociar algo que no le corresponde».

Ha insistido en que ni el presidente catalán, ni siquiera el presidente del Gobierno, PSOE o ERC «son propietarios ni pueden negociar nada que corresponde al conjunto de los españoles» porque «no están legitimados para ello».

Sáenz de Santamaría ha dejado claro que los políticos son unos «mandatarios» de los españoles y ha remarcado que la ley está hecha para proteger derechos y no puede saltarse a conveniencia. Por ello ha pedido respeto a los derechos de los españoles que están protegidos por la Constitución y las leyes.