El Gobierno impone las medidas para evitar el colapso de los tribunales sin contar con los jueces

Un plan para aliviar la Justicia y evitar el colapso de los tribunales, una vez se supere la crisis sanitaria del coronavirus, sin contar con los jueces. El Gobierno impone, mediante un nuevo decreto, las medidas de choque para que los juzgados afronten la vuelta a la normalidad y lo hace «sin el consenso» de los miembros de la carrera judicial. En el texto de la norma sólo se han tenido en consideración las propuestas del ‘Plan de Choque’ confeccionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde se incluyen «reformas en contra de la independencia judicial». «Mantiene cuestiones a las que nos hemos opuesto frontalmente desde que se plantearon», lamentan los magistrados.

Así lo denuncian desde la principales asociaciones profesionales de la magistratura, tras el Consejo de Ministros celebrado este martes. El propio Sánchez confirmó, en su comparecencia posterior, la aprobación del Real Decreto para Justicia con el que el Ejecutivo intentará hacer frente a la previsible avalancha de denuncias relacionadas con su gestión de la pandemia del Covid-19.

El departamento que dirige Juan Carlos Campo avanzó ayer el texto de esta nueva norma a las entidades asociativas que representan a jueces y magistrados, sin incluir «al menos algunas de las propuestas que todas las asociaciones de la carrera trasladaron al ministro» durante su última reunión telemática. Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) mantuvieron un encuentro virtual con Campo el pasado 16 de abril, en el que todos coincidieron en explicar y detallar al titular de Justicia «las numerosas y evidentes deficiencias del ‘Plan de Choque’ propuesto previamente por el CGPJ».

Sin embargo, el Ministerio de Justicia «no sólo ha ignorado todas esas propuestas, sino que incluso ayer se permitió anunciar públicamente que su Real Decreto aprobado hoy mismo se ha elaborado ‘con la participación y el consenso de todos los operadores jurídicos’, entre ellos las propias asociaciones de jueces». Un extremo que niegan categóricamente desde las mismas: «Sencillamente no es cierto».

«Consensuar es escuchar y acoger alguna propuesta, no hacer un plan para la Justicia sin contar con los jueces y atendiendo sólo al CGPJ para ignorar nuestras aportaciones», afean al Gobierno los jueces y magistrados. «Además», añaden, «se nos citó a una única, simple y breve reunión en la que, de hecho, no se nos avanzó ni explico nada, sino que fuimos las propias asociaciones las que reivindicamos otras medidas que no se han tenido en cuenta».