El Gobierno hace caja con la DANA: cobra tasas por los trabajos de reconstrucción en los cauces

El Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo caja con trabajos de reconstrucción tras la DANA. En concreto, la Generalitat Valenciana ha comenzado a recibir facturas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para abonar tasas por las labores que el Ejecutivo autonómico efectúa en zonas de dominio público hidráulico afectadas por la DANA, como es el caso de los cauces de los ríos.

Todo ello, según han confirmado a OKDIARIO fuentes próximas a la Generalitat. Las cantidades no son elevadas, pero, precisamente por eso, evidencian aún más el afán recaudador del Ejecutivo de Sánchez hasta en una circunstancia de la excepcionalidad de la generada por la DANA.

Y ello, a pesar de que la Generalitat Valenciana, sin embargo, no cobra al Ejecutivo de Pedro Sánchez ni a sus agencias tasas por los trabajos del Gobierno en terrenos de titularidad de la Administración autonómica. Muy al contrario, el Gobierno de Carlos Mazón las perdona ante la gravedad, urgencia y necesidad que requieren las tareas de reconstrucción.

La Confederación Hidrográfica del Júcar es un organismo presidido por Miguel Polo. Y es dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, a su vez, dirige en la actualidad Sara Aagesen.

Una prueba de ese afán recaudador es una notificación recibida en la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para reparar pequeños diques en cauces que resultan fundamentales a fin de minimizar el impacto que pueden provocar las crecidas en el arbolado y la flora, que es competencia de la Generalitat Valenciana.

Y si bien el importe es poco significativo, precisamente por ello evidencia el citado afán recaudador del Ejecutivo, incluso cuando se trata de un caso como el de la DANA. El ejemplo de esta factura muestra todo ello.

En concreto, la factura ha sido remitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar, Gobierno de España, a la Dirección General del Medio Natural y Animal, Generalitat Valenciana. Su concepto es el de informe autorización para reparación de daños causados en diques de corrección hidrológico-forestal por la DANA del día 29 de octubre de 2024 de varios cauces de la provincia de Valencia.

El importe es de 67,94 euros. Y, precisamente, llama la atención que en una situación de la excepcionalidad y gravedad que está viviendo la Comunidad Valenciana tras la DANA se pase una factura por ese importe, cuando la cuestión de fondo son las obra de reconstrucción por cientos y miles de millones de euros.

La Generalitat Valenciana también podría cobrar tasas al Gobierno de España y a sus agencias cuando los trabajos de reconstrucción se producen en carreteras de titularidad autonómica. Pero, en aras de la reconstrucción y siguiendo la línea de no encarecer ni retrasar las tareas, el Gobierno autonómico no lo está haciendo.

Las fuentes antes citadas relatan como ejemplo de ello un caso en que se ha autorizado a la Confederación del Júcar, la misma que ha pasado la factura antes mencionada, a invadir una carretera de titularidad autonómica para llevar a cabo las labores de reconstrucción.

El caso de las tasas que el Gobierno de España está cobrando por labores de reconstrucción en suelo de titularidad asolado por la DANA no sólo afecta al Gobierno valenciano. También, a otras Administraciones han sido llamadas a pasar por la caja del Gobierno.

Así, según ha publicado OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reclamado al Ayuntamiento de Torrent el pago de un canon por unas pasarelas que ya no existen tras el paso de la DANA. El Consistorio, cuya alcaldesa es la popular Amparo Folgado, ha rechazado pagar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por el citado canon de ocupación de dominio público hidráulico por dos pasarelas peatonales que, como se ha dicho, a día de hoy, ya no existen.

En este caso, el citado canon se elevaba a 284 euros, según han confirmado fuentes próximas al citado Consistorio. Una cantidad que para algunos pequeños ayuntamientos sería ya de por sí elevada y que en el caso de Torrent, que está asumiendo costes de reconstrucción, supone un golpe a una economía local maltrecha por la DANA.