El Gobierno empieza a renovar su sistema de alerta de inundaciones en el Júcar un año después de la DANA

El Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado ahora a renovar su sistema de alerta temprana de inundaciones en la Confederación Hidrográfica del Júcar casi un año después de la DANA. Se trata del sistema que tendría que haber detectado el crecimiento del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la riada en la provincia de Valencia el 29 de octubre del pasado año que dejó más de 200 muertos.

La Dirección General del Agua, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cartera encabezada por Sara Aagesen, ha abierto la licitación para la «contratación de servicios para la evolución tecnológica y explotación del sistema de alerta temprana de inundación en la Confederación Hidrográfica del Júcar». Para ello, el Gobierno prevé un gasto estimado de 1.690.454,64 euros.

De acuerdo con el Ejecutivo socialista, «la implantación de un sistema de alerta temprana para toda la demarcación hidrográfica permitirá, en combinación con otros sistemas, realizar predicciones hidrológicas y anticiparse a los episodios de avenidas e inundaciones». Es decir, de forma implícita se asume que, hasta la fecha, no se gozaba de un sistema que permitiera avisar de la llegada de una DANA como la que acabó con la vida de 227 personas hace casi un año. Y se asume también que esa tarea era su responsabilidad.

La intención de la administración central es que esto se consiga «mejorando la capacidad y reduciendo los tiempos de reacción durante el desarrollo de episodios de emergencia». Es decir, que en el futuro se pueda responder más rápidamente para evitar situaciones como la de aquel 29 de octubre.

Tal y como puede leerse en la memoria justificativa de la contratación, la información que debe ofrecer el Gobierno sobre las crecidas «es esencial para una correcta anticipación a la gestión del riesgo» y «para minimizar los daños que causan las inundaciones». Todo ello lo realizará con dos herramientas:

1. Anticipación en la gestión de los embalses. De acuerdo con el Gobierno, permitirá «adelantar maniobras y laminar las avenidas aguas abajo de los mismos».
2. Anticipación en las medidas de autoprotección, adaptación y avisos. Esto se realizaría «a través de los mecanismos de Protección Civil existentes».

La idea del Ejecutivo es «realizar una evolución tecnológica y funcional» de los sistemas actuales. También se persigue «integrar en un único sistema de información todas las redes de información y control existentes».

Nuevo protocolo de comunicaciones

Además, se insta a la «creación del protocolo de comunicaciones para avisos hidrológicos a nivel nacional para los Organismos de cuenca con unos criterios básicos comunes que puedan adaptarse en función de las particularidades de cada caso». De ese modo, se pretende fijar unos «niveles y umbrales de aviso, la información a remitir, los destinatarios; y la frecuencia y medios de transmisión».  Es decir, admiten la inexistencia de esta herramienta hasta ahora, lo que permitió que se produjera la tragedia de la DANA al no haber alertado sobre la crecida del barranco del Poyo.

El Gobierno reconoce que responde a la situación que se generó durante la DANA de Valencia. Tras la inundación, era necesario reparar los daños en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Éste es el sistema de información encargado de captar, transmitir en tiempo real, procesar y presentar los datos que describen el estado hidrológico de las cuencas. En todo caso, la red sólo contaba con un único punto de control automático de caudal en la denominada cuenca del Barranco del Poyo el día de la DANA, no controlaba el 100% del caudal ni las lluvias que descargan en él. Y esos datos no pueden utilizarse sin el análisis previo de la Confederación del Júcar. Es decir, que en la práctica era poco útil.

Los trabajos de remodelación prevén «el desarrollo de una primera fase del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en las áreas más afectadas por la DANA, la llamada zona 0». Entre los lugares en los que se pretende «mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones» están:

1. El río Magro: incluye su confluencia con el río Júcar y la desembocadura hasta el mar Mediterráneo, incluyendo la presa de Forata.
2. Barranco del Poyo. Desde su nacimiento, incluyendo todos sus afluentes, hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo.
3. Río Turia. Desde la desembocadura de la presa de Buseo.

Todo ello está previsto que se realice en un período de ejecución que el Gobierno ha fechado en 36 meses, es decir, 3 años, aunque se incluye un período de prórroga de 24 meses más, por lo que los trabajos se podrían alargar hasta los cinco años. En todo caso, no se podrá empezar a usar antes de dos años.