El Gobierno cree que cualquier gasto para la «Memoria Democrática» está justificado por «razones éticas»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 08/08/2022 06:47
  • Actualizado: 08/08/2022 07:45

Una vez superado el trámite parlamentario -algo que se espera para la vuelta del verano-, el Gobierno iniciará los trabajos que desarrollan la llamada Ley de «Memoria Democrática». Entre ellos, figura la exhumación de fosas, la constitución de un censo nacional de víctimas y un banco de ADN o la «resignificación» del Valle de los Caídos. El Ejecutivo admite que no sabe a cuánto ascenderán estos gastos, que considera en todo caso justificados por «razones éticas».

Así responde el Gobierno a preguntas de OKDIARIO, en concreto, sobre los trabajos en el Valle de los Caídos. El Ministerio de la Presidencia reconoce desconocer el «coste específico» de estas obras ya que «no vienen predeterminadas por el proyecto de ley». Y añade que «en todo caso, ésta y otras actuaciones se realizarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, adaptándose a las disponibilidades presupuestarias vigentes en cada momento, y conforme a los principios de eficacia y eficiencia y quedarán completamente justificados atendiendo a razones éticas y democráticas, así como al debido reconocimiento y reparación merecidos por todas las víctimas de la Guerra y la Dictadura».

En concreto, en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, presentada durante la tramitación de la ley de «Memoria Democrática», se asegura que su desarrollo no conllevará un incremento de personal y se reconoce también que el coste final dependerá de las actuaciones concretas que requerirán de convenios de colaboración o contratos.

Así, se citan los «planes de búsqueda, localización, exhumación e identificación de desaparecidos; la adquisición de documentos referidos a la Guerra o la represión política que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros; la creación de un Banco Estatal de ADN; la retirada de vestigios y la confección de un inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración», entre otros. Y, de nuevo, se alude a que todos esos gastos quedarán justificados por «razones éticas y democráticas».

En cuanto al Valle de los Caídos -que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros- la nueva ley prevé convertirlo en «un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».

El texto recoge además que en el recinto «sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas» y que «se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente», como es el caso de Primo de Rivera. Como publicó OKDIARIO, trasladar los restos mortales del fundador de La Falange es una de las prioridades del Gobierno.

Al Senado

La ley aprobada en el Congreso gracias al voto de los cinco diputados de Bildu prosigue ahora el trámite en el Senado para entrar en vigor antes de que acabe el año.

Sánchez se ha comprometido con la formación proetarra a la constitución de una «comisión técnica» que deberá realizar un estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Es decir, en plena democracia.

Además, tras otro pacto con sus socios separatistas, la ley incluirá la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega». La norma también suprimirá hasta 33 títulos nobiliarios concedidos por Francisco Franco.