El Gobierno se carga al abogado del Estado que se negó a retirar el delito de rebelión a los golpistas

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha destituido a Edmundo Bal como jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa contra Oriol Junqueras y el resto de los golpistas de la Generalitat, según han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia.

Castro ha alegado que cesa a Bal por pérdida de confianza. Sin embargo, detrás de la decisión está la diferencia de criterios respecto al juicio del procés. Edmundo Bal era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar a los golpistas de la Generalitat como autores de un delito de rebelión.

Sin embargo, como abogada general del Estado, Consuelo Castro impuso un cambio de criterio para acusar a los procesados sólo por sedición y de malversación. Si prospera esta tesis, se traducirá en una sensible rebaja de penas para los golpistas.

Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que el puesto que ocupaba hasta ahora Edmundo Bal como abogado del Estado jefe de lo Penal es un cargo de confianza dependiente de la Abogacía general, del que ha sido destituido porque se ha producido una «quiebra de esa confianza».

Castro, que dirige la Abogacía desde el cambio de gobierno y la llegada de Dolores Delgado al Ministerio de Justicia, debe buscar ahora a un abogado que defienda el escrito de acusación, con la rebaja de penas para los golpistas impuesta por el Gobierno.

La discrepancia entre ambos se plasmó en la presentación del escrito de acusación el pasado 2 de noviembre, cuando, por primera vez, la Abogacía se desmarcó de la senda marcada por la Fiscalía, que de momento se ha mantenido firme en el delito de rebelión.

Ante la negativa de los abogados del Estado que dirigían la causa a aceptar este cambio de criterio, Consuelo Castro optó por firmar personalmente el escrito de acusación. En el caso del ex vicepresidente Oriol Junqueras, principal acusado, la Fiscalía pide para él 25 años de cárcel, que la Abogacía del Estado reduce a 12.

El Ministerio de Justicia ha negado en todo momento ningún cambio de criterio, dado que no había presentado un escrito de acusación hasta el pasado día 2, con lo que sostiene que no puede haber cambio.