La Generalitat tarda cuatro meses en despedir al alto cargo detenido por la trama del 3%

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha anunciado este jueves la decisión de destituir al gerente de la empresa pública Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, que fue detenido el pasado 21 de octubre por su implicación en la trama de cobro de comisiones del 3%.

De este modo, la Generalitat ha tardado cuatro meses en despedir a su alto cargo que permanece imputado por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil.

El departamento de Economía que dirige Junqueras ha atribuido este retraso a que, como la causa se encuentra bajo secreto de sumario, hasta ahora no había «base legal» para rescindir su contrato. Algo que habría permitido a Rosell reclamar ante Magistratura el pago de una indemnización por despido «improcedente».

Adjudicó 1.200 millones en contratos públicos

Tras su detención, que tuvo lugar el pasado 21 octubre, Josep Antoni Rosell fue apartado cautelarmente del cargo de gerente, pero siguió trabajando para Infraestructures.cat en funciones de menor rango: se le encargó que pusiera en marcha un proyecto de internacionalización, investigación e innovación de la empresa pública de la Generalitat.

Rosell fue detenido por su presunta implicación la trama de corrupción de Convergència, que cobraba a las empresas comisiones de entre el 3% y el 10%, a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Buena parte de estas mordidas se canalizaban en forma de supuestas «donaciones» a la Fundación CatDem, vinculada al partido de Artur Mas y Carles Puigdemont.

Para ello, Josep Antoni Rosell ocupaba un puesto clave: como responsable de Infarestructures.cat, tuvo responsabilidad en la adjudicación de contratos por valor de 1.200 millones de euros entre las empresas investigadas.

Entre ellas, la prolongación del Metro de Barcelona hasta el aeropuerto de El Prat, el soterramiento del ferrocarril en Sabadell, la remodelación de la sede de la Agencia Tributaria de Cataluña, la construcción de escuelas, mejoras en el hospital Vall de Hebron y la mayor obra pública ejecutada en Cataluña, el canal Segarra Garrigues que debe garantizar los regadíos en seis comarcas de Lérida.

CDC pagó la fianza de 250.000 euros de su tesorero

Tras ser detenido, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez instructor de El Vendrell que decretara prisión preventiva para Rosell, pero el magistrado decidió dejarle en libertad con cargos.

La Generalitat ha tardado ahora cuatro meses en despedir por «pérdida de confianza» a su alto cargo imputado en seis delitos. No es la primera vez que Convergència muestra una actitud condescendiente o incluso de encubrimiento con sus imputados por corrupción.

CDC pagó la fianza de 250.000 euros para que su tesorero Andreu Viloca –detenido en la misma operación que Rosell– pudiera salir en libertad provisional, tras pasar tres semanas en la prisión de Quatre Camins.

Como presunto mediador en el cobro de comisiones del 3%. Viloca está imputado por los delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal de partidos políticos, alteración de concursos públicos, falsedad y blanqueo de capitales.