García Ortiz auxilia al Gobierno y contradice a sus fiscales por las pulseras: «No hubo desprotección»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este jueves en auxilio del Gobierno de Pedro Sánchez contradiciéndose frontalmente con su propia Memoria anual de 2024, que alertaba de «múltiples fallos» en las pulseras telemáticas de maltratadores y de «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios».

En un comunicado difundido este miércoles, García Ortiz ha asegurado que «las víctimas estuvieron protegidas en todo momento» y que «no se ha registrado ninguna incidencia» en 2025.

La nota oficial de la Fiscalía General del Estado supone un autodesmentido categórico a las graves denuncias que partían de los propios fiscales territoriales habían recogido en la Memoria institucional. García Ortiz ha optado por minimizar los problemas técnicos, reduciéndolos a «problemas puntuales debidos a la migración de datos que afectaban a procesos penales».

Esta rectificación llega después de que OKDIARIO haya revelado que el cambio de proveedor en el sistema de seguimiento telemático provocó la pérdida de todos los datos históricos anteriores al 20 de marzo de 2024. La empresa israelí que gestionaba el software había encriptado toda la información, impidiendo su traspaso al nuevo adjudicatario.

Fiscales cuestionados

El comunicado de García Ortiz contradice frontalmente lo expuesto por los fiscales territoriales en la Memoria de 2024, con datos a cierre de 31 de diciembre. Mientras varias fiscalías como Madrid, Gerona, Granada y Tenerife alertaron de «problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios», el fiscal general ha asegurado que «el dispositivo funcionaba correctamente».

La Fiscalía había documentado que el centro de control Cometa informó «reiteradamente» a los juzgados que no podían facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024. Esta anomalía, según recogía la propia Memoria, provocaba consecuencias «tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios».

García Ortiz admite que «hubo problemas puntuales» pero ha matizado que «la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente». El fiscal general ha añadido que «los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos», sin especificar cuántos casos permanecen sin resolver.

Víctimas desprotegidas

La Memoria de 2024 recogía testimonios preocupantes sobre la situación de las víctimas. Varias fiscalías alertaban de «lo gravoso» que resultaba para las víctimas «la comunicación de incidencias reiteradas, con la consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria». Algunas mujeres llegaron a «comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos».

García Ortiz ha intentado tranquilizar a las víctimas asegurando que «los dispositivos funcionaron» y que la protección fue continua. Sin embargo, el comunicado no explica cómo se garantizó esa protección si los juzgados no tenían acceso a los datos de localización de los agresores anteriores a marzo de 2024.

La Fiscalía había advertido en su Memoria que se comunicó el problema a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas». Esta frase contradice la versión actual de García Ortiz de que no hubo desprotección.

Fallos telemáticos

El documento original de la Fiscalía detallaba problemas técnicos significativos con los nuevos dispositivos. Fiscalías,  por ejemplo, como las de Castellón y Pontevedra, pusieron de manifiesto «los múltiples fallos que se han detectado con los nuevos dispositivos y con el prestador del servicio».

Los equipos eran sustituidos «con cierto retraso» y Cometa remitía incidencias «cuando han sido los propios usuarios los que han dado aviso de fallos en los aparatos». Esta situación generaba un efecto pernicioso en la confianza del sistema de protección.

García Ortiz ha reconocido que «esas incidencias generaron la lógica preocupación entre los fiscales delegados de Violencia de Género» y que «es esa inquietud la que se refleja en la Memoria». El fiscal general ha justificado que las incidencias «se concentraron en un periodo concreto del año».

La nota oficial también ha precisado que «estos procedimientos judiciales se refieren al delito de quebrantamiento y no al delito de violencia que motivó la instalación del dispositivo». García Ortiz ha añadido que «el informe del técnico de Cometa no es siempre la única prueba inculpatoria».

Cronología contradictoria

García Ortiz ha afirmado que «el problema quedó resuelto a finales de 2024» y que «en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia». Sin embargo, fuentes especializadas consultadas por OKDIARIO mantienen que los problemas de acceso a los datos históricos persisten y que la empresa israelí no ha facilitado el desencriptado de la información.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, había admitido previamente que se detectaron «algunas incidencias técnicas» durante el cambio de contrato entre empresas. Redondo aseguró que los problemas «fueron resueltos inmediatamente» y que el sistema «funciona mucho mejor que antes».

El comunicado de García Ortiz ha explicado que «la Memoria de la Fiscalía de 2025 recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación». La rectificación del fiscal general deja en evidencia las contradicciones internas de la Fiscalía y su subordinación a los intereses políticos del Gobierno.