La Fiscalía pide archivar la querella de ex magistrados contra Juan Carlos I, como adelantó OKDIARIO

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado archivar la querella contra el rey emérito, Juan Carlos I, por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública que presentaron el pasado mes de noviembre ex magistrados, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales ante la Sala de lo Penal del TS, tal y como adelantó OKDIARIO el pasado 25 de febrero.

La Fiscalía ha emitido un comunicado en el que recuerda que ya abrió diligencias de investigación relacionadas con Juan Carlos I el 18 de junio y el 5 de noviembre de 2020, procesos que, tras un análisis exhaustivo, fueron archivados el 2 de marzo de 2022. El Ministerio Público se reafirma ahora en las conclusiones de aquel decreto de archivo, señalando que la querella presentada contra el Rey Jusn Carlos no aporta «ni hechos nuevos ni pruebas distintas» a las ya evaluadas en su momento para cerrar las investigaciones.

En relación con las diligencias de 2020, la Fiscalía destaca que el archivo se justificó por varios motivos: «La falta de indicios suficientes para incriminar al Rey emérito, la prescripción de posibles delitos, la inviolabilidad que ostentaba como jefe del Estado y su regularización fiscal». A pesar de no haber prosperado acciones penales, el organismo subraya que su intervención permitió recuperar 5.095.148 euros para el erario público, una suma que incluye las cuotas tributarias adeudadas por Juan Carlos de Borbón, junto con los recargos e intereses correspondientes, según informa Ep.

Por otro lado, respecto a la segunda investigación iniciada en 2020, el decreto de archivo ya indicaba que «no hay indicios que vinculen a Juan Carlos I con The JRM 2004 Trust entre 2004 y 2021, ni en su gestión, ni en la disposición de sus fondos, ni como beneficiario, ni se ha acreditado que recibiera cantidad alguna de sus cuentas». La Fiscalía insiste en que, desde el 19 de junio de 2014 -fecha en que la abdicación del Rey emérito lo despojó de la inviolabilidad constitucional-, los movimientos del trust no alcanzan niveles que configuren un delito fiscal, incluso si se hubiera probado que esos fondos llegaron a un contribuyente español, algo que no consta.

Los querellantes, por su parte, alegaron que los cinco delitos fiscales que atribuían al Rey emérito entre 2014 y 2018 no habrían prescrito, y señalaron que la Fiscalía notificó a Juan Carlos I la apertura de una investigación por irregularidades tributarias. Sin embargo, el Ministerio Público responde que, al informar a un investigado sobre diligencias relacionadas con posibles infracciones fiscales, no dispone de datos detallados —los cuales solo la Agencia Tributaria puede determinar tras un expediente sancionador—, lo que impide conocer con precisión el alcance de dichas irregularidades antes de que se agoten las opciones de regularización.