La Fiscalía pide abrir pieza separada por la niñera-alto cargo y la escolta-recadera de Irene Montero

Nuevo impulso judicial al caso de la niñera de Irene Montero. La Fiscalía pide la apertura de una pieza separada en el caso Neurona para investigar presuntas irregularidades como, entre otras, el uso de personal de Podemos y de la Administración pública para servicios personales a Irene Montero. Es el caso de la alto cargo del partido y asesora en el Ministerio de Igualdad Teresa Arévalo, que ejerce labores de niñera, y de la escolta de la formación morada, que hacía tareas de recadera. Esta última denunció en los tribunales y consiguió una jugosa indemnización que permitió a Podemos evitar in extremis ser condenado en un juicio laboral.

En un escrito de tres páginas que desvela OKDIARIO, la fiscal del caso Neurona, adscrita a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, se dirige al juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Plaza Castilla que investiga las irregularidades contables de Podemos, para pedir «la incoación de pieza separada en relación a los nuevos hechos denunciados» por Mónica Carmona, responsable de cumplimiento normativo de Podemos hasta que fue despedida.

Sobre el uso indebido de personal del partido o del Ministerio para servicio doméstico, el documento recoge: «Dentro de la contratación fraudulenta de los gastos de campaña [Mónica Carmona] refiere que Irene Montero habría contratado a un miembro del partido como cuidadora de sus hijos. Aporta documentación relativa a que Irene Montero viajó con su hija y Teresa Arévalo para un acto de campaña. Igualmente refiere que tuvo a otra persona miembro del partido que según la noticia actuaría como escolta de Irene Montero». Cabe recordar que Arévalo es la secretaria de Política de Cuidados de Podemos dentro de la cúpula del partido, el Consejo Ciudadano Estatal.

Cobro de costas

Además, el Ministerio Público pide que se investigue por separado «cuestiones relativas al abono de costas». «Se alega que miembros del partido [Pablo Iglesias] estaban cobrando costas en procedimientos particulares cuando les habían representado profesionales del partido», indica la fiscal.

«Dentro de los expedientes relativos a la administración desleal refiere cobro de costas por parte de responsables del partido que habían sido defendidos no por abogados particulares sino del partido», relata la Fiscalía. En particular, como ha podido saber este periódico, trabajadores del partido constataron que las costas a favor de la formación morada que dictó un juez de Navarra por un pleito con Yolanda Barcina, presidenta foral (UPN), nunca llegaron a las arcas de Podemos y, por tanto, pasaron directamente a Iglesias. Ese litigio fue al comienzo de la andadura de Podemos cuando el líder morado acusó de corruptos a Unión del Pueblo Navarro.

Donaciones

Del mismo modo, el Ministerio Público solicita una investigación específica del presunto del «uso fraudulento de la caja de solidaridad» y de «las donaciones a la Escuela Popular Paulo Freire y la fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia». Así, la Fiscalía pide que se agilice la pieza principal y, en paralelo, se vayan instruyendo otras causas relacionados.

«Así las cosas, no cabe duda que mucha de la documentación aportada debe ser expulsada del procedimiento por cuanto ninguna relación guarda con el mismo. Ahora bien, discrepamos del planteamiento del recurrente [Podemos] porque, en primer lugar, es absolutamente imposible desglosar en el escrito presentado por la testigo lo que guarda relación con el presente procedimiento y lo que no», indica la fiscal.

A continuación, detalla que «dado que el escrito presentado no es sino una ampliación de la denuncia» se debe «incoar pieza separada, incorporando testimonio al escrito presentado y desglosando la documentación referida a estos hechos que ninguna relación guarda con este procedimiento». «Desde luego lo que no procede es acumular la investigación dando lugar a un procedimiento de autoría de la actuación de un partido político que excede lo que corresponde con una investigación penal», finalizan.