La Fiscalía investiga a Vox por incitación al odio tras una denuncia de las comunidades islámicas
Vox será investigado por si su discurso político antiinmigración podría ser considerado un delito. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación en este sentido contra la formación que dirige Santiago Abascal por un presunto delito de incitación al odio tras una denuncia de las comunidades islámicas de Cataluña.
En concreto, el pasado 3 de febrero, las tres federaciones de las comunidades islámicas de Cataluña -FIC (Federación Islámica de Cataluña), UCIDCAT (Unión de Comunidades Islámicas en España) y FCIC (Federación Consejo Islámico de Cataluña)- y la organización Musulmanes contra la Islamofobia llevaron la campaña de Vox ‘#StopIslamización de Cataluña’ ante la Fiscalía para que investigue si puede constituir un delito de odio y discriminación.
En su denuncia, los demandantes alertan que Vox ataca a los fieles de su religión en sus discursos y para apoyar sus argumentos recogían varias publicaciones de la formación en redes sociales así como un vídeo que «no diferencia nítidamente entre las personas musulmanas que viven y conviven con normalidad su día a día en Cataluña y las personas terroristas que cometieron los terribles atentados» del 17A.
Los denunciantes alegaron que esto daba «una visión distorsionada y sesgada de la realidad de los musulmanes en Cataluña, a los que se representa como extranjeros, peligrosos, sospechosos o potencialmente terroristas», ya que el vídeo intercala imágenes de hombres rezando en una mezquita con escenas del día de los atentados.
Además, los denunciantes destacaron que el vídeo se difundió durante la campaña electoral para el 14F, y consideraban que, con la intención de recaudar votos, «busca generar un clima de miedo en la opinión pública sobre la comunidad musulmana y los partidos que presuntamente la fomentan».
La campaña investigada
Vox lanzó la campaña ‘Stop Islamización’ el pasado 27 de enero en las redes sociales, es decir, en vísperas de la campaña de las elecciones catalanas del 14F, en la que han lanzado repetidos mensajes para alertar del «peligro de la islamización» de las costumbres en España y Europa.
De hecho, la campaña, que incluye vídeos que intercalan imágenes de los atentados terroristas del 17A con otras vinculadas a la comunidad musulmana, motivó que Twitter limitara temporalmente algunas de la funciones de la cuenta oficial de Vox, por lo que el partido anunció que se querellaría contra la red social.
Difundida a través de la etiqueta #stopislamofobia, la campaña relaciona a la inmigración musulmana con el terrorismo y la delincuencia, al señalarlos como responsables de más del 90% de las denuncias que se presentan en España por hechos delictivos.
En uno de los actos electorales del 14F, el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, y la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, llevaron sus mensajes para alertar de los «peligros de la islamización» a Ripoll (Gerona), población donde residían los integrantes de la célula terrorista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017.
Precisamente, dos de los diputados electos de Vox en el Parlament, Joan Garriga y Mónica Lora, están a la espera de ser juzgados en Reus (Tarragona) por un delito de odio y discriminación a raíz de una campaña de Plataforma per Catalunya (PxC) -a la que pertenecían ambos políticos- en las elecciones municipales de 2011 en Reus.
En esa campaña, PxC buzoneó en Reus cheques ficticios de 4.000 euros a nombre de Mohamed Alcabre Samir, con un texto que acusaba al pacto por la inmigración de haber «repartido 4.000 millones de euros los dos últimos años entre los inmigrantes».
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