Anticorrupción toma declaración al hermano de Ayuso por el contrato de las mascarillas

El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, respondió la semana del 6 de abril a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que lo citó en sus dependencias en el marco de las diligencias de investigación abiertas en relación al contrato de mascarillas adjudicado a la empresa Priviet Sportive.

Además de al hermano de Isabel Díaz Ayuso, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, también tomó declaración al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz García Escudero, así como a media docena de funcionarios, con el fin de esclarecer el procedimiento de adjudicación de esta compra de material sanitario.

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Una vez culminada la investigación, y según adelantó OKDIARIO, la Fiscalía Anticorrupción prevé archivar la investigación sobre este contrato vinculado a Tomás Díaz Ayuso. Será antes de agosto, plazo en el que se cumplirán los seis meses desde su apertura. A este respecto, fuentes judiciales aseguraron a este periódico que «esta causa no tiene recorrido judicial», ya que «no existen indicios suficientes».

La propia Fiscalía Anticorrupción reconoció en su decreto de incoación que los hechos que se investigan carecen de «indicios razonablemente verosímiles». «Las hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo –en la que esta aforada Ayuso–, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada», subrayó entonces Alejandro Luzón.

Pese a ello, el Ministerio Público sustentó la apertura de diligencias, en las que se enmarca la declaración de Tomás Díaz Ayuso, en ·»el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública».

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El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid cobró 55.850 euros por «las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid», según explicó la propia Isabel Díaz Ayuso a través de un comunicado. «Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación», explicó la dirigente regional en una nota, en la que, además, lamentaba tener que dar esta información por «unas sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido».

Cabe destacar que, según la Cámara de Cuentas, el órgano externo e independiente de auditoría de la Comunidad de Madrid, este contrato se ha «adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico», tal y como se desprende del Informe sobre Contratos de Emergencia del COVID.