Los fiscales próximos al Gobierno también critican la reforma «apresurada» del Código Penal

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este miércoles que el Código Penal no se puede reformar de «manera apresurada» y sin los informes de órganos como los consejos de Estado, Fiscal y del Poder Judicial (CGPJ).

La asociación fiscal ha dejado claro que el Código Penal es una norma fundamental de Derecho y que sus modificaciones no pueden plantearse de manera rápida y apresurada, deben realizarse siempre con un consenso y atendiendo el interés general de toda la ciudadanía. También han recordado que la modificación de dicha ley debería ser consultada, al menos, por jueces expertos.

La UPF hace hincapié en este último extremo, expresando «su firme oposición a la técnica legislativa utilizada, que priva de los preceptivos informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, así como impide el debate público, prudente y sosegado que debe preceder a tan importantes cambios normativos».

Así mismo reivindica que «los informes de los superiores órganos consultores del Estado no son un simple tramite, son un elemento fundamental para dotarles de una mayor técnica legislativa y advertir de las posibles consecuencias en su aplicación»

Motivos

El PSOE y Podemos se han visto obligados a intentar corregir la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del sólo sí es sí que impulsó la ministra de Igualdad, Irene Montero, y aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, para frenar la cascada de rebajas de condenas a agresores sexuales. Los dos partidos políticos del Ejecutivo, aprovechando que está abierto el Código Penal en el Congreso de los diputados, han pactado, vía enmienda, un cambio en la exposición de motivos de la derogación del delito de sedición y la rebaja de malversación. Sin embargo, expertos juristas aseguran que este retoque no tendrá ningún efecto jurídico y, por tanto, los violadores seguirán viendo reducidas sus penas de cárcel gracias a la Ley Montero.

La enmienda pactada por el Ministerio de Igualdad y el partido socialista, con la intención de arreglar la chapuza jurídica de la ley del sólo sí es sí, recuerda en la exposición de motivos de la ley que deroga la sedición y rebaja la malversación que la Disposición Transitoria Quinta del Código Penal –que limitaba los casos de revisión de condenas cuando las mismas estén dentro del rango que fija la nueva norma– «sigue vigente» y es aplicable a las reformas que no tengan disposiciones transitorias, como la Ley Montero.