La fiscal que denunció al hombre que mete miedo a Iglesias tuvo como padrino a un ex ministro de Zapatero

María Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, firmó de su puño y letra la denuncia formulada contra Miguel Frontera, el ciudadano que saltó a la palestra por hacer sonar el himno de España ante el casoplón de Pablo Iglesias en las protestas por la gestión del coronavirus. Esta fiscal, que ha actuado de oficio para denunciar por injurias graves a un ciudadano por portar una pancarta que decía «Pablo Iglesias, hijo de terrorista», tuvo como padrino en el acto de toma de posesión de su cargo a Mariano Fernández Bermejo, fiscal y ex ministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero.

La representante del Ministerio Fiscal Pilar Rodríguez ordenó en un escrito de 6 de julio remitir una denuncia contra Frontera a los Juzgados de Collado Villalba (Madrid). «Estudiados los hechos se estima que los mismos podrían ser constitutivos de un delito de injurias a la autoridad, previsto y penado en los artículo 208 y 215.1 del Código Penal, por lo que se entiende por concluidas las presentes y se acuerda su remisión junto con la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, al Juzgado Decano de Instrucción de Collado Villalba para su turno y reparto», subrayó. El delito de injurias graves conlleva una pena tipificada en la normativa española de entre seis meses y dos años de prisión.

Esta denuncia parte a raíz de un oficio de la Dirección General de la Guardia Civil, de 8 de junio de 2020, remitido a la Fiscalía Sección Territorial del municipio madrileño. Los agentes que vigilan el domicilio del líder de Podemos por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, describieron los siguientes hechos en su informe: «Entre las pancartas y lemas portados por las personas concentradas en las inmediaciones de este domicilio del vicepresidente segundo del Gobierno y de la ministra de Igualdad, se ha podido observar desde el día 2 de junio, cómo uno de los asistentes expone un cartel con las inscripciones a mano en ambas caras del mismo que decía así: ‘Pablo Iglesias hijo de terrorista’ e ‘Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas’».

La fiscal jefe, Pilar Rodríguez, nombró al frente de la instrucción a la fiscal Virginia de Artacho para realizar las indagaciones oportunas para determinar, esclarecer y concretar los presuntos hechos delictivos que de la documentación remitida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se contrae.

La fiscal Artacho solicitó de manera urgente a los agentes un nuevo informe con nuevos detalles sobre los hechos acaecidos. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que en casos similares los agentes de la Benemérita y la Fiscalía «no actúan de esta forma contra un ciudadano cualquiera por el simple hecho de portar una pancarta aunque la misma sea abominable». Pero en este caso, continúan, la Guardia Civil está a las órdenes del ministro socialista y socio de Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska. Asimismo, la Fiscalía depende de la que fuera ministra de Justicia con Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

En el segundo informe de la Jefatura de Información, con número 4620, se realizaron nuevas diligencias para comprobar si se trataba de un delito continuado. En base a este nuevo oficio la Fiscalía remitió su denuncia al Juzgado.

Cárcel por manifestarse

La Fiscalía y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 parecen haberse conjurado para que el hombre más famoso de todos los que protestaron ante su casoplón acabe en prisión. El querellado ahora se defiende de varios delitos: por una parte tiene que hacer frente a la denuncia formulada por el Ministerio Pública, y por otra a la querella interpuesta por el líder de Podemos que le acusa de hasta seis delitos (acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente). En el caso de que fuera condenado la pena oscila entre los dos años y nueve meses, en el grado más bajo de cada una de los ilícitos, y los 14 años de prisión en el grado más alto.

Parece que recordarle a Pablo Iglesias que su padre perteneció al grupo terrorista FRAP, que asesinó a cinco policías de forma salvaje a finales de la dictadura franquista, supone buscarse un problema con la Justicia. Pese a que el propio líder podemita ha presumido durante un tiempo de ser hijo de un frapero, y ha vuelto a ratificarse en sede judicial el pasado lunes en su declaración como testigo en la que aseguró que su padre fue militante y «participó en la lucha antifranquista».