Las feministas del cine español evitan en los Goya criticar la Ley Montero que excarcela violadores

Como se preveía, la gala de los Goya 2023 tuvo un alto contenido político. Durante el discurso de presentación, en tono sarcástico, Clara Lago y Antonio de la Torre lanzaron una pulla a Pedro Sánchez por el giro en cuanto a la posición de España respecto al Sáhara, -«no estaría bonito que habláramos aquí de la valla de Melilla, ni de que hemos dejado tirado al Sáhara»- y por los sucesos acaecidos en la valla de Melilla. También hubo un dardo a Feijóo por confundir los Goya con los Oscars y fue clamoroso, entre tanto llamamiento a la defensa de la sanidad pública, el silencio de un sector que presume de feminista y tolerante contra la Ley Montero. Ni una sola crítica a la ley que excarcela violadores, pederastas y rebaja las penas delincuentes sexuales.

A pesar de la crítica situación legal que se vive después de la aprobación de la Ley Montero, en un gremio que se presume feminista y progresista, no se hizo ninguna alusión a los violadores beneficiados por la rebaja de penas (casi 500), o aquellos que han quedado en libertad, con el peligro que supone para la seguridad de las mujeres que dicen defender. La ministra de Igualdad, presente en la gala, salió indemne gracias a la complicidad del subvencionado mundo del cine.

No faltaron las infinitas reivindicaciones a la sanidad pública. Jordi Évole, el amigo del ex terrorista Otegi, aprovechó su subida al escenario para llamar a concurrir a la manifestación de este domingo contra Ayuso en Madrid. La viuda del cineasta Carlos Saura, fallecido este viernes 10 de febrero, justo un día antes de que fuera a recibir el Goya de honor a su trayectoria artística, aprovechó su discurso en la gala para lanzar un alegato político en favor de la sanidad pública.

Eulalia Ramón, actriz y compañera de Carlos Saura, aprovechó la muerte del cineasta para hacer una defensa pública del centro donde éste pasó sus últimos días y un elogio del trabajo de sus profesionales sanitarios. El problema: que Ramón sólo se refirió al Hospital General de Villalba como un ejemplo de sanidad pública, obviando que este centro cuenta con gestión privada.