Feijóo pide a Sánchez «parar la amnistía y no pactar con Bildu en Pamplona» y la respuesta es: «No»

«El encuentro ha respondido a las expectativas, se podía esperar muy poco y hemos conseguido muy poco». Así ha arrancado Alberto Núñez Feijóo su comparecencia ante los medios tras reunirse este viernes en el Congreso con Pedro Sánchez. El líder del PP ha lamentado que el socialista no tiene «voluntad alguna de rectificación» en su deriva política y ha enumerado, punto por punto, las propuestas que ha ofrecido a Sánchez y que se han topado con su negativa.

Feijóo ha entregado al presidente del Gobierno un documento «con propuestas concretas y la formalidad que requiere una reunión» de este tipo, ha explicado el líder del PP, que ha señalado que, por su parte, no ha recibido «ningún papel».

Éstas son, punto por punto, las propuestas que Feijóo ha trasladado a Sánchez, y que han recibido el no del socialista:

• El presidente del PP ha propuesto a Sánchez «volver al Estado de Derecho y retirar la Ley de Amnistía». «Me ha dicho que va a seguir adelante», ha revelado Feijóo, que ha esgrimido ante Sánchez la «igualdad de los españoles ante la ley y respeto a la separación de poderes». «La Ley de Amnistía es un ataque sin precedentes a la igualdad entre españoles, por cuanto crea ciudadanos de primera y de segunda regalando impunidad de manera arbitraria por interés personal y político», recoge el PP en el documento.
• Además, Feijóo ha solicitado «información sobre las reuniones fuera de nuestro país» que el PSOE ha celebrado con los separatistas para pactar la investidura de Sánchez. «De momento no tengo información», ha señalado. El líder del PP ha solicitado a el cese de estos encuentros ante un mediador internacional y ha exigido rendición de cuentas por parte del Gobierno de las ya celebradas.
• Igualmente, ha reclamado a Sánchez que dé «marcha atrás» en la moción de censura en Pamplona, que entregará la Alcaldía a Bildu gracias al apoyo del PSOE: «Le he intentado hacer ver que es un error histórico y una amoralidad entregar la institución más preciada a un partido que llevó a condenados por terrorismo en sus listas». La respuesta ha sido también una negativa. En el documento, el PP recuerda que «existe un abismo moral entre todas las formaciones políticas que condenan los atentados terroristas y Bildu». Por ello, destacan que «restaurar el compromiso democrático básico para apartar de la gobernabilidad a la izquierda abertzale mientras no condene esos crímenes ni asuma su responsabilidad en ellos es imperativo, como lo es impedir que en España pueda enaltecerse la actividad terrorista de ETA impunemente»
• En este sentido, Feijóo se ha mostrado especialmente preocupado por la despenalización del delito de enaltecimiento del terrorismo, recogido en la proposición de ley de Sumar que esta misma semana ha iniciado su trámite en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PSOE. «Espero que me lo aclare», ha confiado el dirigente popular.
• Igualmente, ha reclamado a Sánchez que cese con los nombramientos a dedo y con carga política en las principales instituciones y entidades públicas. «Es insoportable el goteo de nombramientos más propio de una agencia de colocación que de un Gobierno», ha lamentado Feijóo, que ha pedido, por ejemplo, que ejecute la sentencia del Supremo que anula el nombramiento de la socialista Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado. «A todo ha dicho que no». Feijóo ha criticado además la «inédita consideración de no idóneo del Fiscal General del Estado». «Son sólo dos ejemplos recientes de la concepción patrimonialista que tiene el actual Gobierno de las instituciones que deben servir al interés de todos los españoles», señalan los populares.
• Además, ha pedido que «los medios públicos puedan trabajar sin injerencias, volver a los nombramientos por consenso de la dirección de RTVE y que pare el nombramiento del ex secretario de Estado de Comunicación como presidente de EFE». «Me ha dicho que no», ha desvelado también Feijóo.
• Sobre los ataques a los jueces por parte de los socios de Sánchez, el líder del PP ha trasladado al socialista que «un presidente no puede permitir señalamientos, insultos ni amenazas a los jueces ni cuestionar los delitos que atribuyen». También ha reclamado que se paralicen las comisiones de investigación sobre lawfare. La respuesta ha sido la misma, no. Feijóo también ha pedido que se modifique el reglamento del Congreso para que prohíba expresamente que los profesionales de la Justicia sean llamados a comparecer en estas comisiones. Sánchez ha condicionado esa propuesta a un eventual acuerdo sobre la renovación del CGPJ.
• Sobre el órgano de los jueces, Feijóo ha trasladado a Sánchez la «desconfianza» de su partido. «Su interlocutor en las reuniones anteriores (Félix Bolaños) nos ha mentido de forma reiterada durante la negociación», ha afeado. El líder del PP ha ofrecido al jefe del Ejecutivo que la Comisión Europea «supervise» las negociaciones y el acuerdo para renovar el CGPJ con perfiles independientes y cambiar la ley que regula el sistema de elección de los integrantes del órgano. «Lo que me ha contestado al final es que está dispuesto a que la Comisión Europea supervise la renovación y un nuevo texto», ha revelado.
• El líder del PP ha pedido, además, una rebaja de impuestos, como la aplicación del IVA reducido a la carne y el pescado. Sánchez ha asegurado que «lo mirará». Feijóo ha exigido además la reducción del gasto burocrático «e improductivo» del Gobierno y la rebaja del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros.
• En relación a la compra del 10% del capital social de Telefónica, Sánchez ha asegurado en la reunión que esta operación «no afecta a la independencia corporativa» de la compañía. «Le he planteado que antes de gastarnos 2.000 millones se puede mantenerla españolidad de Telefónica con un cambio de regulación, pero la respuesta es que no, que prefiere tomar el 10% del capital».
• Feijóo, además, ha reclamado al presidente del Gobierno que se comprometa a que sus socios renunciarán a un referéndum para modificar el artículo 49 de la Constitución para que la palabra «disminuido» desaparezca de la Carta Magna. Sobre este punto, ambos han acordado acometer por la vía rápida en enero y sin referéndum la reforma para sustituir este término por «persona con discapacidad».