Europol avisó de que el informe de los CDR que censura Sánchez sirve para «prevenir el terrorismo»

El intento de Pedro Sánchez de complacer al separatismo a cambio de su investidura ha puesto en el foco a Europol, a quien el candidato socialista ha reclamado que corrija el Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea (TESAT 2023), en el que incluye al independentismo catalán en el epígrafe que habla del Terrorismo etno-nacionalista y separatista. Se trata de una condición que el prófugo Carlos Puigdemont trasladó a Sánchez en septiembre para su reelección. El independentismo lleva meses tratando de que se borre esa mención. Incluso Europol llegó a responder directamente a ERC, recordando a los separatistas la importancia de este informe, que pretende «prevenir los actos terroristas». Cabe recordar que la propia Fiscalía ha instado a abrir juicio oral a los 12 acusados de los llamados CDR por delitos de pertenencia a organización terrorista.

Fue en junio, durante la presentación del documento en cuestión, cuando la eurodiputada separatista Diana Riba interpeló directamente al director ejecutivo adjunto del organismo, Jean-Philippe Lecouffe, quejándose de la mención al independentismo catalán. El documento se refiere a los movimientos separatistas catalán y vasco como «los más activos y violentos» del Estado español y destaca que «combinan separatismo con visiones extremistas de la izquierda».

«Los datos nos los aportan los Estados miembros», subrayó de entrada Lecouffe, explicando que la única función de Europol es «confirmar que sean fehacientes». «Pero no es Europol la que los define y describe, no tenemos que calificar los hechos», insistió, porque «el marco normativo de cada Estado miembro es distinto a los demás y le toca a cada Estado definir esos hechos que comunican».

«Prevenir el terrorismo»

«Y no todos son terroristas, ojo, se trata de prevenir los actos terroristas», precisó a continuación. Así, destacó, gracias al informe, en Europol «se siguen, controlan y vigilan todos los tipos de discurso que pueden llevar a un extremismo sin que sean necesariamente actos terroristas de entrada».

Ahora, y para satisfacer los deseos del separatismo, Sánchez ha recurrido al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) para que pida a Europol que «rectifique» los epígrafes en los que se hace mención al independentismo catalán.

El director del centro, Manuel Navarrete, remitió una misiva a Europol la semana pasada en la que pide la modificación del informe, del que «se infiere», en opinión del Gobierno, «que los movimientos independentistas catalanes y vascos estarían considerados como organizaciones terroristas». Afirma en la carta que en «la contribución que desde España se realizó al informe se hace referencia exclusivamente a las organizaciones ETA y Resistencia Gallega», en lo relativo al Terrorismo Autóctono/Independentista.

Desde el Citco se asegura que, en dicha contribución, la mención al independentismo catalán se limitó a «la realización de escraches y quema de banderas españolas», «sin mencionar en ningún caso, que esta actividad tenga la relación con el terrorismo».

CDR

Cabe recordar que el CITCO está dirigido por un general de la Guardia Civil, el mismo cuerpo que investigó durante años a los detenidos por la llamada Operación Judas, por la que 12 separatistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) se enfrentan a la imputación de delitos de pertenencia a organización terrorista, y 8 de ellos por fabricación y tenencia de explosivos, así como conspiración para cometer estragos. Precisamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en junio abrir juicio oral contra los procesados.

Los separatistas fueron detenidos en septiembre de 2019 por planear, presuntamente, acciones violentas de cara al aniversario del 1 de octubre, fecha en la que se celebró -dos años antes- el referéndum independentista catalán, declarado ilegal; y a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes separatistas.

El juez García Castellón concluyó que los procesados habrían configurado «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares». Entre sus objetivos estaba el Parlament, la Delegación de Gobierno de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre otros.