Errejón no quiere entregar su móvil al juez para salvaguardar su «privacidad»

Íñigo Errejón, ex diputado de Sumar y fundador de Podemos, se niega a entregar su móvil a la Policía para que sea analizado en el marco de la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. La defensa del ex político ha interpuesto ante Adolfo Carretero, el juez instructor que investiga el caso, un recurso de reforma en el que se solicita que revoque la decisión de volcar y analizar la información de su teléfono móvil. Errejón considera que esta medida es «desviada, espuria, adulterada y muy alejada del descubrimiento de la verdad». 

La defensa del ex miembro de Sumar, en el escrito presentado al juez, recurre la resolución en la que Carretero admitía las diligencias de prueba y ha pedido revocar el análisis del móvil de Errejón que solicitó la acusación popular ejercida por la Asociación Defensa Integral Víctimas del Delito Especializada. Entre sus alegaciones, la defensa ha señalado que «el copiado del teléfono (en su totalidad) «es una medida desproporcionada que además «supera los límites de la privacidad y seguridad de los datos que tienen los usuarios». En el escrito también que argumenta que el volcado de datos del móvil también implicaría realizar copias de mensajes, fotografías y otros archivos de Errejón de índole familiar, amistades, personales y políticas o médicas que no presentan relación con la causa que se investiga, según se indica en el recurso presentado ante el juez al que ha tenido acceso la agencia Europa Press.

Errejón también ha solicitado al juez que se declare la nulidad del auto por «absoluta falta de motivación» dictando otra resolución «ajustada a Derecho y conforme con las exigencias de los artículos 588 bis y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Además, la abogada de Errejón pide no haber lugar a las diligencias de prueba interesadas por parte de la acusación popular, contra quienes ha cargado en el escrito asegurando que «atufa a una espuria utilización del presente proceso por la referida acusación popular, para fines muy alejados a la defensa de las presuntas víctimas de ilícitos penales».