El Gobierno recurre aspectos inconstitucionales de dos leyes catalanas y avisa de que no afectan a su contenido

El Gobierno ve «insólito» la utilización por parte de la Generalitat que explica cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy les ha dejado sin ‘Ley antidesahucios’. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo ha acordado recurrir varios artículos de dos leyes catalanas, entre ellas la normativa antidesahucios y sobre pobreza energética, aunque de esta última sólo se impugnan algunos aspectos procesales.

El Gobierno ha explicado que, con el informe preceptivo del Consejo de Estado, esa norma propuesta por la Generalitat contraviene algunos aspectos en materia competencial y que pueden perjudicar la igualdad de los españoles. Para nada, recalcan, se meten con el fondo de la norma que en este caso se trata de ayudar a personas en riesgo de exclusión social y para luchar contra la pobreza energética. La decisión se ha comunicado un día después de que Sáenz de Santamaría se reuniera con al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, que le pidió expresamente que el Gobierno no recurriera esta Ley. Sáenz de Santamaría ha especificado que son cuestiones como el procedimiento de mediación, «porque excede su función», o los requisitos previos a las interposiciones de demanda y otros aspectos civiles, de los que se pide su suspensión al Tribunal Constitucional.

«El Gobierno ha actuado bajo el informe del Consejo de Estado»

Tampoco se recurre el principio de precaución, de manera que antes de realizar el corte de suministro, se avise o se tenga un informe de los servicios sociales municipales para ver si esa persona o unidad familiar están en riesgo de exclusión residencial, ni la información por parte del suministrador de los derechos relativos a pobreza energética. La vicepresidenta ha añadido que tampoco se recurre algunos aspectos de exclusión social en materia de disfrute de ayudas para evitar lanzamientos, ni los que permiten la garantía del adecuado realojamiento de personas y unidades familiares en situaciones de riesgo de exclusión social.

Ni el artículo que establece el umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual o a suministros básicos en supuestos de vulnerabilidad, ni la disposición transitoria que contiene garantías para la aplicación de esos umbrales. «Ni los ámbitos de la pobreza energética, ni en alguno de los relativos a los lanzamientos son recurridos, porque se entiende que puede adoptarlos el Parlamento de Cataluña de acuerdo con su ámbito competencial y porque no perjudican el derecho de igualdad».

Ha precisado que sí recurren algunos aspectos procesales y que afectan a la igualdad de los españoles ante la ley, como el procedimiento de mediación «porque excede su función», el requisito previo a las interposiciones de demanda y aspectos civiles, como la «transferencia coactiva de la titularidad de la vivienda porque afecta al contenido esencial del derecho de propiedad», que debe ser igual para todos.

La vicepresidenta ha recordado que hay leyes similares en Andalucía, Canarias, Navarra y el País Vasco y, ha añadido que en tres de ellas el Constitucional ha acordado su suspensión, al entender que pudiera causar perjuicios «de carácter irreparable». La otra ley es la de propiedad temporal y compartida y la parte que se recurre es en «la más civil», zanjó.

Montoro: «¡Pero en qué país vivimos!»

El titular de Hacienda que este jueves no se encontraba en Moncloa durante la reunión mantenida entre la videpresidenta y el consejero Oriol Junqueras, ha señalado que le parecía el tema «muy interesante» queriendo hacer sus propias apreciaciones. «Si la Generalitat lanza el mensaje de que el Gobierno actúa por razones políticas es que no saben cómo funciona la Administración Pública y la cantidad de funcionarios que intervienen», señaló.

«Imagínense que llegara al Consejo de Ministros y a mi propuesta, por ejemplo, se dijese que esto políticamente no interesa, no lo incluimos. ¡Pero en qué país vivimos! Tener que escuchar esto y que vengan otros interlocutores políticos a pedírtelo, que entienden que prevariquemos… Además, este lenguaje es interesante: deja de presentarme tantos recursos», dijo Montoro en alusión a lo que el consejero Junqueras pidió a la vicepresidenta y transmitió en rueda de prensa.

«Son ellos los que deben de adecuarse a las normas. Todos estamos limitados por la Ley y el Gobierno no tiene ningún margen en ningún tipo de actuación hacia ellos», zanjó Montoro.