El congreso ‘abierto’ que pide el PP valenciano no lo permiten los estatutos

El congreso ‘abierto’ que quiere la presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, no se puede convocar hoy por hoy porque los estatutos de la formación política no lo permiten, así lo han confirmado fuentes del partido a OKDIARIO.

Bonig propuso un congreso extraordinario regional «abierto» y «refundacional» con el fin de limpiar la imagen del PPCV, tras la mancha que están dejando los escándalos de la corrupción en la imagen del PP valenciano, algo que preocupa a los dirigentes populares de la comunidad autonómica. En este sentido, la presidenta valenciana quiere un congreso con la máxima participación en el que los militantes puedan expresar su voluntad de forma directa.

Incluso acudió a Genova 13 junto a los presidentes provinciales para reunirse con la secretaria general del partido, Maria Dolores de Cospedal, y el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, y transmitirles sus intenciones, con la convicción de que el PP nacional «no puede negarse», apuntan fuentes populares.

Sin embargo, en las circunstancias actuales será muy difícil que el PPCV pueda llevar a cabo un congreso abierto, es decir, que el sistema de elección del presidente del partido sea “un militante, un voto”, pues los estatutos del partido no contemplan esta opción, tan solo el sistema por compromisarios (natos y electos), por el que los militantes eligen mediante lista abierta a los compromisarios que deciden a su presidente en el Congreso.

Fuentes populares valencianas señalan que hay que explorar las posibilidades y si cabe la interpretación que permita ese congreso ‘abierto’.

En este sentido, apuntan que hay una disposición adicional que permite el sistema asambleario para canarias y Baleares. «Se trata de que se extienda esta posibilidad, lo que podría ser aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional», expresan.

Por el momento, Bonig ya ha tomado la decisión de crear una gestora que dirija el partido en la ciudad de Valencia, después de que el equipo completo de Gobierno de Rita Barberá de la anterior Legislatura, concejales y asesores, hayan sido imputados por el posible blanqueo de capitales.

Esta investigación el equipo de la ex alcaldesa de Valencia se da en el marco del caso Imelsa, una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).