Dos empresas de la ‘trama PSOE’ hacen el mantenimiento del AVE Madrid-Barcelona donde se limitó la velocidad

Adif encargó a dos Uniones Temporales de Empresas (UTE) el mantenimiento de la línea de AVE que conecta Madrid con Barcelona, que esta semana se ha visto afectada por una limitación de la velocidad debido al estado de sus vías. En una de esas UTE estaba Acciona y en la otra Azvi, ambas aparecen en la investigación de la trama de corrupción que rodea al PSOE. El proyecto total contó con un presupuesto de más de 144 millones de euros.

Adif se vanglorió en un comunicado emitido en 2023 de que había empleado 144,7 millones de euros en el «mantenimiento de las instalaciones de corredor de alta velocidad noreste», es decir, el que conecta Madrid con Barcelona y la frontera francesa. Se trataba de un labora de «conservación y mejora de la infraestructura, vía y aparatos de vía» en esa línea para los próximos 4 años.

Entre los trabajo que tendrían que hacer estas empresas estaba el «mantenimiento preventivo de los elementos de infraestructura y superestructura de la traza, vías de apartado y secundarias, ramales de conexión, bases de mantenimiento, cambiadores de ejes y otras instalaciones». Además de ello, también se adjudicaría el «mantenimiento correctivo para actuar con inmediatez en caso de incidencia».

Según indicaban desde Adif, el objetivo de este contrato era «mantener indicadores óptimos de estado y prestación de servicio de las líneas». «Todos estos trabajos son claves para mantener los altos estándares de fiabilidad de estas infraestructuras», expresaban desde la entidad pública.

La empresa pública encargada de la gestión de las infraestructuras ferroviarias dividió el mantenimiento en dos lotes. Por una parte, para el trabajo desde las bases de mantenimiento de Brihuega (Guadalajara) y Calatayud (Zaragoza). Este trabajo tendría un coste de 59,6 millones de euros. Este trabajo lo realizaría la UTE formada por Comsa, Acciona Construcción, Tecsa Empresa Constructora, y Vías y Construcciones.

Por otro lado, se licitó el contrato para las bases de Montagut (Lleida), Villafranca del Penedés (Barcelona) y Sant Feliu de Buixalleu (Girona). En estas se destinarían 85,1 millones de euros. En este caso, el lote se adjudicó a la UTE compuesta por Contratas y Ventas, Azvi, Ferrovial Construcción, y Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania.

A pesar del gasto previsto por el Gobierno y de que los trabajos de mantenimiento se pusieran en marcha desde 2023, las denuncias por el mal estado de las vías se han venido repitiendo en los últimos años. Tal es así que Adif ha reducido esta semana en dos ocasiones el límite de la velocidad de paso por esa línea de 300 km/h hasta los 160 km/h en casi una cuarta parte de la vía.

Azvi y la ‘trama PSOE’

Azvi, una de las empresa beneficiadas como parte de la UTE en este contrato, es una gran constructora sevillana presidida por Manuel Contreras Caro. Goza un volumen de negocio de 900 millones de euros y más de 5.000 empleados.

La compañía contrató en 2023 a Koldo García y su mujer, a través de la consultora Erikapat, como asesores por 6.000 euros al mes, con una prima de éxito del 0,75% del monto total de cada proyecto hasta un máximo de 350.000 euros por operación. El contrato de consultoría estaba especialmente orientado a zonas de Sudamérica, donde Grupo Azvi quería potenciar su presencia. Anticorrupción y el juez dudan de que la consultora funcionase realmente, ya que no presenta ninguna actividad.

Azvi rompió su relación contractual con Koldo al abrirse la investigación. Así se hizo constar el 27 de febrero de 2024 en un escrito oficial. De hecho la relación contractual se hizo fue sin que los responsables correspondientes en Grupo Azvi supieran nada.

Acciona, en UTE con Servinabar

Por su parte, Acciona apareció en la trama del PSOE por otra Unión Temporal de Empresas: la que formaba con Servinabar, epicentro del caso por el que han pasado por la cárcel el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el ex ministro José Luis Ábalos y el ex asesor ministerial Koldo García.

Según consta en las pesquisas, Cerdán era dueño al 45% de Servinabar, junto a su socio y «amigo» Antxon Alonso. De acuerdo con los investigadores, la relación entre Servinabar y Acciona comenzó en 2015, a raíz del proyecto de Mina Muga (Navarra). De hecho, la UCO no solo sitúa ahí el origen de la UTE sino también de la presunta trama.

El Instituto Armado destaca que Acciona y Servinabar firmaron en 2015, a los pocos días de constituirse esta última, un acuerdo marco para «explorar futuras oportunidades de negocio» por el que la segunda mercantil se llevaría un 2%. Ese acuerdo fue suscrito por Justo Vicente Pelegrini, ex director de Construcción de Acciona para España, y Alonso, en nombre de Servinabar. Además de Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, cargos de Acciona, también están siendo investigados en la causa.