El delegado del Gobierno de Madrid sólo responde a su abogado y se desmarca del ‘caso Begoña Gómez’

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha negado este miércoles haber participado en julio de 2018 en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que se ha desmarcado del delito de malversación por el que se le investiga. Martín Aguirre sólo ha contestado brevemente a preguntas de su abogado durante su declaración como investigado ante el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid le citó «por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, con fondos de naturaleza pública».

Cabe recordar que la asesora de Gómez empezó a trabajar en Moncloa en el verano de 2018, cuando Martín Aguirre ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia; éste no asumió el cargo de secretario general hasta julio de 2021. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la imputación.

Defendido por la Abogacía del Estado

La Abogacía del Estado ha asumido la «representación» y «defensa» del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el caso Begoña Gómez, por el que está imputado por presunta malversación durante su etapa en Moncloa como superior de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Así consta en un escrito que los servicios jurídicos del Estado presentaron el pasado 9 de mayo ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

Su imputación surge de una querella presentada por Vox -incluida ahora en la causa contra Begoña Gómez- que se centra en el nombramiento y funciones de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez para atender a la esposa de Pedro Sánchez, y en la participación que pudo tener en estos hechos Martín Aguirre «por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021».

Los de Santiago Abascal sostienen que el ahora delegado del Gobierno en Madrid era el «responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez», por lo que el partido le atribuye tanto a él como a Álvarez y Gómez «la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa». No obstante, el juez Peinado solo ha apreciado un posible delito de malversación en la actuación de Martín Aguirre.

El instructor entiende que en su caso era pertinente admitir la querella «por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza Pública».