La defensa de Forcadell pide elevar su caso al Tribunal de Justicia de la UE

La defensa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la admisión a trámite de la última querella de la Fiscalía por permitir que la cámara aprobara la ley del referéndum.

La defensa de Forcadell ha presentado un recurso de súplica contra la admisión a trámite de la querella que la Fiscalía presentó la semana pasada contra la presidenta del Parlament y los miembros de le Mesa por permitir que se debatieran y aprobaran las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.

En caso de que este recurso sea desestimado, la defensa pide al TSJC que plantee ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial, para que sea este quien se pronuncie sobre si es compatible con los tratados europeos la «persecución penal» de la Mesa del Parlament «por haber permitido la tramitación, debate y votación de iniciativas parlamentarias relativas al derecho de autodeterminación de Cataluña».

En las alegaciones, se indica que el conflicto que se «dilucida en el presente procedimiento ha sido tachado de político desde el inicio e insignes juristas (también jueces y magistrados) han hecho notar el carácter estrictamente político de la controversia, artificialmente reconducida a procesos penales instrumentalizados en un ataque sistemático a las instituciones catalanas».

Es por ello por lo que «reclamamos la tutela de este Excelentísimo Tribunal para tomar la única decisión legal y legítima que sería la de confirmar la improcedencia de la persecución penal de la discusión política, reconociendo la responsabilidad que el Gobierno español tiene».

Por otra parte, sostiene que existe un «contexto de amenaza al Parlament» y considera que «es bien sabido que negociar a través de la amenaza conduce a escenarios muy inestables y a resultados poco satisfactorios».

A la vez, el recurso argumenta que el Parlament y el gobierno catalanes «han ofrecido una disposición sincera y repetida al diálogo sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña» y recuerda que incluso han enviado una carta tanto al presidente Mariano Rajoy como al Rey.

«Por contra -prosigue el escrito- el Parlament y mis mandantes concretamente, han sido víctimas de amenaza constante: han sido objeto de querella por la Fiscalía, sometidas a procedimientos judiciales penales, sometidas a las presiones sancionadoras de los ‘nuevos poderes’ del TC».

«Solo el mensajero»

Además, remarcan que la Mesa del Parlament es sólo «el mensajero» de una noticia, pero «la Mesa no genera el debate ni lo incita, tampoco lo controla o censura, y mucho menos lo traduce en acción. Atacar al mensajero no sólo es absurdo, sino que es inmoral», apostillan.

Reiteran que el Tribunal Constitucional «no puede alterar el funcionamiento de un Parlament» y aperciben que «aquí está en juego la democracia, los derechos a la libertad de expresión y de iniciativa política, así como los derechos que indirectamente se manifiestan en cada uno de los temas tratados: autodeterminación de los pueblos, dignidad, respeto, prohibición de discriminación, etc».

En este texto se indican, asimismo, que el «auge de la presión popular por un proceso de autodeterminación y constituyente tienen una legitimidad mucho mayor que la que ostenta el TC», que ven «deslegitimado a nivel internacional» y con «su independencia y transparencia cuestionada».

Subrayan la «inviolabilidad parlamentaria» como «una garantía de la libertad de expresión y el derecho de iniciativa política» y que eso «no puede reducirse a anécdota cuando se examina dentro del contexto de la protección a las instituciones del Estado».

En otro punto del escrito, se argumenta que la «incapacidad de abordar políticamente un determinado problema lleva al Ministerio Fiscal a intentar abortarlo en la fase de debate político, sin comprender que resulta imposible responder jurídicamente a las ideas expresadas por los representantes del pueblo de la forma que se pretende».

Se alude a que las conductas «objeto de querella son, nuevamente, ataques a la libertad de expresión» y a que no se puede «efectuar ningún tipo de analogía entre el discurso del odio y la defensa del derecho de autodeterminación», que «hace tiempo que ya no se vincula a las situaciones coloniales».

También se indica que «las cesiones de soberanía a organizaciones internacionales suponen un cambio de paradigma que sitúa la jurisdicción nacional en un plano de sumisión a los ordenamientos, como el europeo, que ostentan primacía».