Las declaraciones en el Supremo anticipan la citación de Sánchez y Begoña en dos casos en la Audiencia

Las declaraciones de Víctor de Aldama y Koldo García ante el Tribunal Supremo durante el juicio del caso mascarillas han abierto, según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, dos frentes judiciales que podrían llevar a Pedro Sánchez a declarar como testigo ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional y a Begoña Gómez a enfrentarse a la investigación del juez Santiago Pedraz en el mismo tribunal.

Las revelaciones de esta semana han fortalecido investigaciones que ya se seguían bajo secreto de sumario y que afectan al corazón del PSOE y a la cúpula del Ejecutivo.

El primero de estos vectores arranca de un reconocimiento crucial de Koldo García en su declaración del jueves. El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos ha admitido ante el Supremo que llegó a tener en su casa hasta 12.000 euros en efectivo procedentes de los anticipos del PSOE para sufragar dietas y gastos de campaña.

Además, el ex aizkolari ha confirmado que algunos reembolsos del partido «eran en billetes de 500». A la pregunta de si recibió las famosas «chistorras» —el nombre en clave que la UCO atribuye a ese tipo de billetes— ha respondido que sí.

Pagos en efectivo del PSOE

Esta admisión tiene consecuencias directas sobre la pieza separada que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, donde se investigan bajo secreto de sumario los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024.

El tribunal ya ordenó al partido que entregara la relación completa de todos esos pagos, y el partido lo hizo a través de un USB a finales de 2025. Moreno abrió entonces una pieza separada y decretó el secreto de sumario. El objetivo es analizar si los descuadres abren la puerta a donaciones irregulares.

Lo que Koldo ha consolidado ante el Supremo es que esa circulación de efectivo existía y era habitual. Según Aldama, ese dinero procedía de constructoras que licitaban en contratos estatales y que le pagaban a él comisiones que luego redistribuía. «Me dijeron que parte de ese dinero era para la financiación del PSOE y que el presidente lo sabía», declaró el miércoles ante el tribunal.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que la confluencia de ambos testimonios, el de Aldama sobre el origen del dinero y el de Koldo sobre su destino en billetes de 500 euros en manos del partido, refuerza la investigación de Moreno hasta el punto de que Sánchez podría ser llamado a declarar al menos como testigo.

El presidente del Gobierno es, además, el máximo dirigente del PSOE y de la Internacional Socialista, las dos organizaciones que Aldama ha señalado como receptoras de esa financiación presuntamente ilegal. Dice que con cupos de petróleo venezolano se impulsó ese grupo internacional. Sánchez ya fue llamado a declarar en el caso Begoña y seguiría los pasos de Mariano Rajoy, Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar.

La pista de Begoña Gómez

El segundo frente lo ha abierto el propio Aldama con una declaración aparentemente incidental pero de gran calado. En la recta final de su interrogatorio del miércoles, el empresario ha sugerido que el complejo de edificios de Campos Velázquez, en el entorno de Serrano en Madrid, estaba vinculado al Instituto de Empresa (IE), organización donde trabajó Begoña Gómez.

Según Aldama, «Koldo me dijo que Begoña Gómez había exigido que Campos Velázquez fuera un negocio para ella», en relación con el Instituto de Empresa.

Esta imputación adquiere especial relevancia porque el juez Pedraz instruye en la Audiencia Nacional el caso de la presunta trama Leire, en la que están imputados la ex militante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.

La SEPI es precisamente la institución que gestiona patrimonio inmobiliario del Estado, y Campos Velázquez forma parte de ese perímetro de activos.

Aldama ha dicho que hay «más Aldamas» por los ministerios –al menos ligados a País Vasco y Andalucía– y precisamente podrían ser el vasco Antxon Alonso y el andaluz Vicente Fernández –dueño de Mediaciones Martínez SL–. Una bomba a las puertas de las elecciones andaluzas. Koldo ha dicho sobre María Jesús Montero, persona que confió en Vicente Fernández para la SEPI, que le merece «todo el respeto».

La investigación de Pedraz ha identificado hasta cinco contratos presuntamente amañados por un importe total de 132,9 millones de euros. Uno de ellos es el rescate de 112,8 millones de euros a la empresa vasca Tubos Reunidos, concedido en junio de 2021.

Otros implican adjudicaciones en ENUSA, Mercasa, el Parque Empresarial del Principado de Asturias y Sepides. El grupo investigado, que se autodenominaba Hirurok —término vasco que significa «nosotros tres»— operaba con Signal para garantizar la confidencialidad de sus comunicaciones.

Si la pista de Campos Velázquez que ha dejado caer Aldama esta semana entra a formar parte de la investigación de Pedraz, Begoña Gómez podría verse de nuevo ante un juez, esta vez, en la Audiencia Nacional. La esposa del presidente ya ha sido investigada en otro procedimiento, que lidera Juan Carlos Peinado, por su relación con la IE University y contratos públicos, causa que continúa está en fase de propuesta de procesamiento. Es por ello que las fuentes pulsadas descartan que la pista de Aldama tenga encaje en esa causa y sí en el caso de la SEPI.

La acumulación de causas en la Audiencia Nacional en torno al entorno directo del presidente del Gobierno —el caso de la financiación ilegal del PSOE ante Moreno y el caso Leire ante Pedraz— dibuja un escenario judicial sin precedentes en la reciente historia política española. El propio Pedraz, que también instruye el caso hidrocarburos contra Aldama, acumula en su juzgado dos de las investigaciones más sensibles que afectan al Ejecutivo.

Lo que esta semana ha quedado en el aire, como una espada de Damocles sobre La Moncloa, es que las declaraciones de los acusados en el Supremo no sólo han servido para articular su defensa, sino que han tejido, hilo a hilo, una manta que otros jueces podrían acabar por tirar.