La cúpula del canal de Isabel II durante el Gobierno de Gallardón declara como imputada en el caso Inassa
El juez de refuerzo de la Audiencia Nacional ha acordado citar como investigados a partir de este martes a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, año en que Alberto Ruiz-Gallardón gobernaba en la Comunidad de Madrid.
El magistrado de apoyo del instructor del ‘caso Lezo’, Manuel García Castellón, atendió pocos días antes de Navidad todas las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado la imputación de 25 personas, entre ellas antiguos colaboradores muy cercanos a Gallardón como Juan Bravo, actual presidente de Adif, y el ex consejero y ex concejal Pedro Calvo.
Además de Bravo y Calvo, están imputados el resto de miembros del consejo de administración del Canal que asistieron a la reunión del 14 de noviembre de 2001 que aprobó la compra de Inassa y votaron a favor —en el que estaban Calvo y Bravo—: Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.
Precisamente, cuatro de estos consejeros —Galiacho, Del Álamo, Autrán y Díaz-Latorre— están citados a comparecer este martes a partir de las 15.30 horas en la sede de la Audiencia Nacional. En los días siguientes lo harán el resto de consejeros.
Arturo Canalda comparecerá en breve
En su auto, el juez imputó además al que fuera director gerente del Canal de Isabel II y al hasta hace poco presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, que dimitió de su cargo tras conocerse la imputación. Canalda asistió a la mencionada reunión y «asumió el peso de la explicación del proyecto» junto con José Antonio de Cachavera, igualmente investigado. Aún no hay fechas de citación para ellos.
Junto a Canalda y Cachavera, el magistrado también citará a Pablo López de las Heras como las «personas que tuvieron una participación esencial durante la gestión y ejecución del proceso de adquisición» de la filial colombiana, que habría supuesto un desfalco de en torno a 70 millones de dólares para el Canal.
Por otro lado, el magistrado ha ordenado en su auto la imputación de «personas vinculadas a la operación de compraventa» de Inassa «por su posible participación como compradores, vendedores y gestores a través de distintas empresas interpuestas», entre las que están Salvador Cardona, Javier Vilaplana, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios, Santiago García Benavides y Ángel Conde. El magistrado los irá llamando a declarar próximamente.
Como pedía Anticorrupción, el juez también ha ordenado citar a declarar como investigados al ex consejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos-Jovellanos y a Diego Fernando García Arias, vinculado a la sociedad Inassa en el momento de los hechos. Los interrogatorios se celebrarán, según la agenda señalada, desde este martes hasta el próximo lunes.
Como el fiscal, el juez ve evidente «la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana», por lo que ordena numerosas diligencias, al tiempo que pide que «se adopten las medidas necesarias para incrementar el personal policial» adscrito a esta investigación.