Anticorrupción pide la declaración como imputados de Bravo, Canalda y Calvo en Lezo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la citación en calidad de Investigados del exgerente del Canal de Isabel II, Arturo Canalda y de los exconsejeros del Gobierno regional madrileño de Alberto Ruiz Gallardón, Juan Bravo y Pedro Calvo, por la compra fraudulenta de la filial Inassa, en el marco del caso Lezo.

En un escrito de 17 páginas remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Anticorrupción se refiere al proceso de adquisición realizada en el año 2001 de la sociedad Inassa por 73 millones de dólares que se investiga en el caso Lezo.

«El resultado de la investigación practicada hasta este momento evidencia la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público CYII de esta sociedad colombiana, centradas principalmente en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato, existiendo claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa» señala.

«Unas condiciones contractuales», añade, «claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que CYII debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos de la CAM, aspectos todos ellos que, necesariamente, deben esclarecerse con la finalidad de concretar el alcance de dichas irregularidades, las personas que participaron en su comisión y, en su caso, su relevancia penal».

La Fiscalía relata que en el Consejo de Gobierno de la CAM que se celebró el 29 de noviembre de 2001 se dictó acuerdo, firmado por el Consejero de Hacienda -Juan Bravo Rivera- y el Presidente de la CAM -Alberto Ruiz Gallardón-, autorizando a CYII para “la constitución de la empresa pública CANAL EXTENSIA SA, en la que participará en un 75% de su capital social, autorizando a esta para, una vez constituida, adquirir el 75% del capital social de INASSA por un importe de 73.000.000 $ y concertar operaciones de crédito a largo plazo por un importe máximo de 51.100.000 $”, no conteniéndose en dicho acuerdo autorización para adquirir la sociedad panameña ni ningún activo distinto a ese 75% de acciones de Inassa.

Según la Fiscalía, «todo lo expuesto hasta ahora evidencia la complejidad de esta investigación y la necesidad de impulsarla al encontrarse en una fase muy incipiente sin que, hasta la fecha, se haya analizado la documentación incorporada a las actuaciones tras las entradas, registros y requerimientos practicados en el mes de abril de 2017».

Por ello, propone la «identificación completa de todos los miembros del Gobierno de la CAM que dictaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001 así como el acta que, en su caso, se redactó de la reunión celebrada para adoptar el mencionado acuerdo».

La Fiscalía propone citar a declarar en calidad de investigados a las personas vinculadas en el momento de los hechos a Canal Isabel II que, como hemos detallado en este escrito, tuvieron una participación esencial durante la gestión y ejecución del proceso de adquisición de Inassa. Entre ellos, Arturo Canalda González, Pablo López de las Heras y José Antonio de Cachavera Sánchez.

También solicita la declaración en calidad de investigados a los integrantes en fecha 14 de noviembre de 2001 del Consejo de Administración de Canal Isabel II que asistieron al mismo y votaron a favor de la adquisición de la sociedad INASSA: Pedro Calvo Poch y Juan Bravo y al consejero de Canal Extensia, Gaspar Cienfuegos-Jovellanos.

Al Canal de Isabel II se le solicita la certificación o documentación que acredite la totalidad de documentación remitida al Consejo de Gobierno de la CAM tras la celebración del Consejo de Administración de CYII de fecha 14 de noviembre de 2001, debiendo detallar toda la información que obre en su poder sobre dicha remisión -fecha, vía utilizada para su remisión y personas que gestionaron la misma-.

Por otro lado, se acuerde tomar nuevamente declaración en calidad de investigado a Diego Fernando García Arias, vinculado a la sociedad Inassa en el momento de los hechos, para que esclarezca aspectos relevantes de esta operación.

La Fiscalía pide requerir a Canal Isabel II para que aporte el Manual de Contratación de CYII vigente durante los años 2003 a 2006, se tome declaración judicial en calidad de testigo a Lucía Serredi Gianfaldoni, para que esclarezca aspectos relacionados con los trabajos que realizó en la vivienda propiedad de Ignacio González y Lourdes Cavero en el año 2006.

Por último, dado el volumen de documentación incorporada a las actuaciones, tanto en soporte papel como informático, interesamos que «se adopten las medidas necesarias para incrementar el personal integrante de la fuerza policial que se encuentra adscrita a esta investigación con la finalidad de agilizar su estudio y la emisión de los correspondientes informes de conclusiones sobre cada uno de los hechos investigados».