El Consell socialista de Mallorca reconoce que tener niños tutelados «no asegura su protección»

Un informe editado por el Consell de Mallorca, presidido por la socialista Catalina Cladera, reconoce que «el ingreso de un niño, niña o adolescente en un centro residencial no asegura su protección».

A comienzos de año, la prensa balear destapaba el escándalo sobre la explotación sexual a la que se estaban viendo sometidos menores tutelados por el Instituto de Asuntos Sociales de Mallorca (IMAS), dependiente del Consell.

PSOE y Podemos lograron que el asunto se tratase en una comisión de expertos al rechazar la comisión de investigación en el Parlamento balear que solicitaban los grupos de la oposición para determinar responsabilidades políticas.

El grupo de expertos encargado de elaborar este informe ha reconocido que el ingreso de un menor en uno de los centros residenciales «no asegura su protección, si bien éste es su objetivo y todos los esfuerzos se centran en ello».

Asimismo, afirman que «existen múltiples situaciones que escapan al control de los profesionales encargados del cuidado del menor». Por ello advierten que «la atención residencial debe estar bajo constante monitoreo y revisión».

De esta manera, el informe asume que los niños a su cargo no cuentan con una protección total por el hecho de encontrarse tutelados y reafirma que hay situaciones en las que el gobierno insular no puede garantizar que no se den casos de menores en situaciones de explotación sexual.

Aumento de casos

Pese al escándalo suscitado hace nueve meses, el informe reconoce que los casos de abusos de menores tutelados «muestran una tendencia creciente en Baleares en los últimos ocho años».

El informe intenta eludir responsabilidades asegurando que este incremento también se da en el conjunto de España y obedece a una «mayor capacidad para detectar y notificar casos a las autoridades, derivada de los protocolos e instrucciones que se ponen en marcha desde el año 2008» o que se están produciendo «efectivamente más casos». «Sea como sea es una tendencia que también se observa en el resto de España», reafirman.

El IMAS, dirigido por el socialista Javier de Juan, publicó su última memoria en 2019, basada en datos recogidos el año anterior. Reconocía un total de 222 casos que habían sido procesados por la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (UVASI). En este recuento se recogen 14 agresiones sexuales, 12 de exhibicionismo y provocación sexual, 193 de abuso sexual y únicamente 3 de explotación sexual infantil.

Silencio del Gobierno

Los socios del Gobierno socialcomunista impidieron que el Congreso de los Diputados investigase los casos de abusos entre menores tuteladas, al rechazar la proposición de Ciudadanos que incorporaba una comisión de investigación sobre el asunto. El PSOE acusó a la oposición de «intentar sembrar dudas» sobre el «compromiso» del PSOE con la infancia y consideraron que la comisión de investigación «obliga a votar en contra» porque «el asunto ya está judicializado».

Podemos, por su parte, cargó también contra PP y Cs por «convertir los hechos en una lucha partidista». La ministra Irene Montero arremetió contra el PP por «utilizar el tema como arma arrojadiza». El vicepresidente Pablo Iglesias llegó a calificar de «indignos» y «repugnantes» a ‘populares’ y Vox por plantear una comisión de investigación sobre el caso.

El escándalo

El escándalo saltó a la luz tras la violación grupal a una menor tutelada por el Consell de Mallorca, la pasada Nochebuena, por la que fueron detenidos siete varones y una chica. Posteriormente, se conoció que 16 menores que viven en centros tutelados de Baleares habían sido también víctimas de explotación sexual.

El IMAS, dependiente de la administración balear y bajo responsabilidad del PSOE, informó de que tenía a 359 menores tutelados en alguno de los 30 centros propios o concertados que dan atención residencial a niños y jóvenes con medidas de protección.