Condenan a Villarejo por revelar el contenido del móvil de Dina mientras el ex ‘vicedircom’ de Sánchez se va de rositas

La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en el caso Dina —pieza separada número 10 de la macrocausa Tándem— y ha condenado al ex comisario José Manuel Villarejo a tres años y seis meses de prisión como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido con prevalimiento de su condición de funcionario público. La resolución, firmada el 5 de mayo de 2026 por la magistrada ponente Teresa Palacios Criado con el voto unánime del tribunal, impone además al acusado una multa de 18 meses a razón de diez euros diarios, seis años de inhabilitación absoluta y el pago de las costas procesales, incluidas las de las dos acusaciones particulares.

En concepto de responsabilidad civil, Villarejo deberá indemnizar a Dina Bousselham con 5.000 euros y a Pablo Iglesias Turrión con 1.000 euros. De esas cantidades responderá subsidiariamente la Administración General del Estado, en aplicación del artículo 121 del Código Penal, al haber sido el acusado comisario del Cuerpo Nacional de Policía en la fecha de los hechos y haberse valido de sus funciones de inteligencia policial para cometerlos.

Pozas y Rendueles, perdonados

Junto a Villarejo fueron inicialmente acusados Alberto Pozas, director de Interviú —vicedircom de Pedro Sánchez entre 2018 y 2019—, y Luis Rendueles, subdirector de la revista, a quienes el Ministerio Fiscal pedía tres años de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.2 del Código Penal. Sin embargo, al inicio del juicio oral tanto Pablo Iglesias como Dina Bousselham perdonaron expresamente a ambos periodistas y renunciaron al ejercicio de acciones penales y civiles contra ellos. A la vista de ese perdón, el Ministerio Fiscal retiró igualmente la acusación en aplicación del artículo 201.3 del Código Penal, que dispone que el perdón del ofendido extingue la acción penal. Pozas y Rendueles abandonaron la sala.

El resultado es que los dos periodistas de Interviú que recibieron la tarjeta con el contenido del teléfono de Bousselham, examinaron su contenido durante horas, hicieron una copia íntegra y la entregaron a Villarejo el 3 de febrero de 2016 en el restaurante Txistu de Madrid, salen del proceso sin condena. Villarejo carga en solitario con la pena.

Los hechos probados

La sentencia reconstruye con detalle la cadena de hechos que arranca el 1 de noviembre de 2015, cuando personas desconocidas sustrajeron el teléfono móvil Sony Xperia Z2 de Dina Bousselham en el establecimiento Ikea de Alcorcón. El 19 de enero de 2016 llegó a la sede del Grupo Zeta, en un sobre anónimo, la tarjeta microSD de 32 GB que había estado conectada a ese teléfono. Los directivos del grupo —entre ellos Pozas, Rendueles, el director editorial Miguel Ángel Liso y el presidente Antonio Asensio Mosbah— examinaron su contenido: documentos internos de Podemos, datos bancarios, archivos de audio y vídeo, fotografías íntimas de Bousselham semidesnuda y chats de Telegram de los grupos «Equipo Portavoz» y «Superagente» de la cúpula del partido.

Asensio decidió no publicar nada y llamó a Pablo Iglesias, convencido de que el material podría pertenecer a su pareja. Iglesias acudió a las oficinas del grupo el 20 de enero, examinó el contenido en un ordenador y se llevó la tarjeta, que retuvo en su poder durante seis meses sin informar de ello a Bousselham. La sentencia deja constancia de que Iglesias tardó seis meses en devolvérsela y recoge su propia explicación ante el tribunal: «Quizás adopté una posición paternalista». El fallo precisa que no está acreditado que la devolviera dañada.

Con anterioridad a esa devolución, Pozas había hecho una copia íntegra de la tarjeta y el 3 de febrero de 2016 se la entregó a Villarejo durante una comida en el restaurante Txistu de Madrid, donde también estaba Rendueles.

El tribunal rechazó incorporar los chats de Podemos con los fiscales

La defensa de Villarejo intentó incorporar al juicio los chats destapados por OKDIARIO que documentan la coordinación entre los abogados de Podemos y los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano, argumentando que esa connivencia había vulnerado su derecho a un proceso justo. El tribunal rechazó la incorporación de esa documentación, distinguiendo entre el objeto de la pieza separada —la conducta de Villarejo— y la conducta atribuida a un fiscal, y señalando que, de ser cierta, no empañaba el comportamiento del acusado.

La sentencia condena a Villarejo. Pero la historia real del caso Dina es considerablemente más compleja que la que refleja el fallo. Los chats de ‘La Compañía’ desvelados por OKDIARIO demuestran que la propia Gloria Elizo, entonces número dos de Podemos, admitió en ese grupo secreto —en el que participaba el fiscal anticorrupción José Grinda— que fue el entorno de Iglesias quien destruyó la tarjeta antes de devolvérsela a Dina «porque no se fiaban de ella».

Esa confesión privada contrasta con el escrito judicial en el que Elizo afirmó que era falso que Podemos hubiera «creado un montaje con la Pieza Dina para engañar al juez». El propio juez instructor, García-Castellón, retiró en 2020 a Iglesias la condición de perjudicado al considerar su conducta «incompatible» con la de una víctima de espionaje político, y elevó al Supremo una exposición razonada de 63 páginas solicitando investigarle por varios delitos. Villarejo ha sido condenado pero la sentencia no resuelve es todo lo que ocurrió antes, durante y después de que la tarjeta pasara por tantas manos.