Los comisarios de Extranjería se reunieron de urgencia por la cesión que expulsa a la Policía de Cataluña

El anuncio realizado este miércoles por Junts sobre el acuerdo al que había llegado con el PSOE para no tumbar los megadecretos del Gobierno de Pedro Sánchez encendió las alarmas en la cúpula policial. En concreto, por la transferencia a Cataluña de las competencias en materia de inmigración, que podría suponer la expulsión definitiva de la Policía Nacional -que ahora ejerce la competencia de extranjería, la única que a efectos prácticos les queda- de la región. Al poco de conocerse la cesión de Sánchez, los principales comisarios y jefes policiales de Extranjería se reunieron de urgencia en la Comisaría General de Extranjería de Madrid para analizar este desafío, según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO.

Este pasado miércoles, a la misma hora que el Congreso -en su sede accidental del Senado- se preparaba para la votación de los decretos de Sánchez, un grupo de altos mandos policiales organizaba una reunión urgente en la sede de la Comisaría General de Extranjería, situada en la calle General Pardiñas de Madrid.

Según ha sabido OKDIARIO de fuentes policiales, se reunieron el jefe de la Central de Operaciones de Extranjería y Frontera y los responsables de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF); de la Unidad Central de Fronteras; de la Unidad Central de Repatriación (UCER); y del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).  Como anfitrión, el comisario general de Extranjería y Fronteras, Julián Ávila Polo. Sobre la mesa, la recién anunciada transferencia a Cataluña de inmigración.

La reunión, según ha sabido este periódico, se celebró en un clima de perplejidad por la cesión de una materia que siempre ha estado bajo las competencias de la Policía Nacional y que nunca temieron perder. Pero sobre todo, los participantes se mostraron alertados por las implicaciones que podría tener esta medida de fondo: la salida definitiva de la Policía Nacional de Cataluña, otorgando a los Mossos d’Esquadra un papel integral de policía nacional catalana.

Sin atribuciones

Entregar las competencias de inmigración y extranjería a Cataluña, y su gestión a los Mossos, supone dejar a la Policía Nacional sin atribuciones. No sólo lo denuncian los propios sindicatos policiales, que han puesto el grito en el cielo nada más conocer la medida («Es el principio del fin de la Policía Nacional en Cataluña»). También lo saben los propios mandos de la cúpula policial, como se puso de manifiesto en esta cumbre urgente de Madrid.

Ahora mismo, la Policía Nacional en Cataluña tiene competencias en Policía Judicial, Policía Científica, Información y Extranjería. En los tres primeros casos, desde hace años la carga de trabajo es prácticamente inexistente por decisión de Interior y de Fernando Grande-Marlaska. Casi todos los casos que les afectan, salvo contadas excepciones, recaen en los Mossos.

Sin embargo, hasta ahora Mossos no tenía atribuciones en la cuarta categoría, extranjería. Ceder esas competencias, donde la Policía Nacional tenía una gran carga de trabajo y presencia institucional, supondría «que prácticamente desaparezca la Policía Nacional de Cataluña».

Con ello, además, se desalojaría la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, situada en Vía Layetana de Barcelona. Es la central de Extranjería en Cataluña, por lo que el vaciado competencial permitiría colmar las ambiciones separatistas de desahuciar a la Policía de este edificio, que jugó un papel determinante en el 1-O y que dos años más tarde fue el epicentro de la violencia callejera desatada por la sentencia del procés.

Inconstitucional

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que tanto la Carta Magna como la sentencia del Tribunal sobre el Estatut de 2006 recogen que «el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».

El Constitucional se pronunció en 2010, a cuenta del citado estatuto catalán, apuntando que «el artículo 138 [sobre Inmigración] sería inconstitucional en su conjunto por atribuir a la Generalitat competencias en materia de inmigración y vulnerar así la Constitución, que inequívocamente confiere al Estado la competencia exclusiva al respecto». Todo parece indicar que el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, tendrá que dar un volantazo en la doctrina histórica de la Corte de Garantías si opta por respaldar los deseos de Junts.

Fuentes judiciales remarcan que «la Constitución establece claramente que la inmigración es competencia exclusiva del Estado. No todas las competencias son delegables y además es lógico que lo sea». «Imaginemos que en el corto plazo, se adopta por las autoridades de Cataluña la medida de la expulsión de todos los inmigrantes a Aragón o se acuerda el rechazo de Cataluña a recibir ni un inmigrante más. ¿Alguien ha pensado un poco en estas eventualidades?», reprochan.

Avisan de que lo siguiente podría ser ceder competencias de Defensa. «Seguramente no se ha pensado mucho en esto con el sistema de patada hacia adelante para seguir. Los separatistas saben que éstos son pasos, eludiendo el mecanismo de la reforma constitucional, suficientes para conseguir de facto y por la puerta de atrás, la independencia», agregan estas voces que califican de «alucinante» lo acontecido.