Cinco miembros del PP firman a favor de indultar al corrupto Griñán

Políticos del Partido Popular se han sumado a la petición de indulto al ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado en firme por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel y quince de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada.

El ex ministro Rodolfo Martín Villa, el ex diputado del PP Eugenio Nasarre, el histórico dirigente del PP andaluz Juan Ojeda, la ex diputada popular Beatriz Rodríguez-Salmones y el parlamentario José Manuel Gómez-Ángulo, han firmado, junto con otras 4.000 personas, para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que indulte a José Antonio Griñán.

También han rubricado el documento socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra o José Luis Rodríguez Zapatero, así como la ex presidenta socialista andaluza Susana Díaz y dirigentes nacionalistas catalanes como Josep Antoni Duran i Lleida, Ignasi Guardans y Miquel Roca Junyent.

Antonio Maíllo y Diego Valderas (Izquierda Unida) y el general José Julio Rodríguez Fernández (Podemos) también han firmado; y de la política internacional lo han hecho Josep Borrell, Javier Solana, Pedro Solbes, Joaquín Almunia, Enrique Barón, Gustavo Suárez Pertierra, Emilio Casinello, Emilio Menéndez del Valle y Luis Yañez.

De los sindicatos, economía y empresa, se han adherido Antonio Gutiérrez, José María Fidalgo, Ignacio Fernández Toxo, Héctor Maravall, Cándido Méndez, Enrique Lillo, Julián Ariza, Óscar Fanjul, Raymond Torres, Francisco Martínez Consentino, Natalia Fabra y Julio Lacuerda.

Del ámbito periodístico, apoyan la medida de gracia solicitada por la mujer de Griñán y sus tres hijos, «expresamente en razones de humanidad y equidad», Iñaki Gabilondo, Soledad Gallego o Maruja Torres.

Del mundo deportivo han firmado el ex seleccionador de fútbol Vicente del Bosque y la esquiadora María José Rienda, y del ámbito cultural lo han hecho, entre otros, Miguel Ríos, José Luis Garci, Manuel Vicent, Luis García Montero, Javier Cercas, Juan Tallón y Manuel Gutiérrez Aragón.

El Supremo confirmó esta semana que los gobiernos de Manuel Chaves y Griñán, que ejercieron el poder en Andalucía durante 23 años de forma ininterrumpida, pusieron en marcha una fórmula ágil para acallar el descontento social y pagar las prejubilaciones de 6.000 empleados víctimas de la crisis industrial que azotó Andalucía a finales de los años noventa. El sistema pretendía eludir los férreos controles de la Intervención General, que anteriormente había puesto reparos al modo de reparto del dinero. La sentencia de la Audiencia de Sevilla calificó ese sistema de «fraudulento» e «ilegal» porque provocó un «descontrol absoluto» sobre los 680 millones distribuidos con el propósito de garantizar la «paz social».