Maza quiere dureza con los golpistas y el Gobierno Doctrina Ruiz Vadillo: no encarcelarlos antes del 21-D

josé manuel maza
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
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El Gobierno no es partidario de meter en prisión a los miembros del Govern hasta pasadas las elecciones. Considera que en estos momentos, la movilización de los separatistas está bajando y que una decisión de apariencia dura podría dar alas al sentimiento golpista y con ello reactivar su voto de cara al 21-D.

Se trata del criterio que defiende el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Un planteamiento que se apoya en la llamada doctrina Ruiz Vadillo, para argumentar la conveniencia de no aplicar medidas cautelares que puedan contaminar la agenda electoral, pero que choca con el parecer del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que considera, simple y llanamente, que los delitos de los que se acusa al ex president Carles Puigdemont y el resto de golpistas acarrean penas muy elevadas, que eso incrementa por definición el riesgo de fuga, y que, además, el espectáculo presenciado en los últimos días con la huida de parte del Govern a Bruselas, no hace más que confirmar que existe una posibilidad cierta de escapada.

Por todo ello, Maza sigue defendiendo la necesidad de meter en prisión preventiva a todos los acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación. Y es que esos tipos penales incluyen, todos ellos, penas privativas de libertad, algunas de ellas, de hasta 30 años de cárcel. Un castigo potencial tan elevado que dispara sensiblemente la tentación de que los acusados de esos tipos penales pretendan escapar a la acción de la Justicia abandonando España.

El Gobierno, por su parte, piensa en clave política. Y considera que la imagen de trato “moderado” frente al ridículo que está propiciando Carles Puigdemont, especialmente tras su fuga a Bruselas, puede beneficiar de cara a desactivar y desmovilizar el voto separatista en las muy cercanas elecciones del 21 de diciembre, una cita en la que Cataluña se juega librarse de los rupturistas en la Generalitat o mantenerlos durante, al menos, otro mandato más.

El Gobierno lleva días debatiendo este escenario. Y su postura pasa por dar una imagen de Estado de Derecho que actúa frente a la ilegalidad, especialmente de cara al voto constitucionalista, pero también de Gobierno que “no busca la humillación”, para evitar que la campaña de ERC, PDeCAT y la CUP cuente con un argumentario basado en los “mártires encarcelados por el Estado opresor”.

Para ello, el Gobierno ha rescatado la doctrina Ruiz Vadillo, con un planteamiento: defender la conveniencia de no adoptar determinadas medidas judiciales como la prisión preventiva hasta pasados los momentos en los que pudiese contaminar la agenda electoral.

Maza, por su parte, mantiene una tesis jurídica bastante fácil de comprender. En primer lugar, el riesgo de fuga es elevado y sería un auténtico desastre judicial ver a los autores del golpe escapar a la Justicia. En segundo lugar, siempre se puede aplicar la prisión preventiva y permitir posteriormente su elusión bajo fianza. Pero, eso sí, tras haber permitido que esa prisión inicial fuerce las delaciones cruzadas entre los acusados, algo que permitirá obtener pruebas e información incriminatoria que puede resultar decisiva.

Y, en tercer lugar, la puesta en libertad de todos ellos tampoco garantizaría que no aprovechasen su libertad para eliminar pruebas, especialmente al tratarse de un golpe que acaba de realizarse y que, por lo tanto, puede haber dejado evidencias de gran utilidad judicial que aún se encuentren en los despachos, partidos, mails, etc. y que es necesario detectar.

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