Catalá está dispuesto a que los jueces elijan a los vocales del CGPJ

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que está dispuesto a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los elijan directamente los jueces y ha propuesto cambiar el proceso para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo (TS).

En su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar las líneas de la legislatura, Catalá ha asegurado que no tiene «el menor inconveniente» en que se otorgue a los jueces «el máximo protagonismo», un punto «controvertido» en el que, ha destacado, «parece que hay consenso pleno» en este sentido.

«Si existen caminos para perfeccionar el modelo actual y reforzar los mecanismos para que sean los propios jueces quienes elijan más directamente a sus vocales, no dejemos de explorarlos ni renunciemos de antemano a nada», ha asegurado.

También ha propuesto revisar el sistema de nombramientos de presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo y ha abogado por que se cambie la Ley Orgánica del Poder Judicial y se suprima la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los tribunales superiores de justicia.

Su objetivo, ha dicho, es que reduzca «al límite» la discrecionalidad en el sistema de nombramientos, lo que se haría «introduciendo criterios de transparencia y objetividad en todos los concursos y designaciones, estableciendo comisiones de expertos en su valoración, o bien objetivizando aún más el sistema de valoración de méritos en las plazas que se cubren por concurso».

Dentro de esta reforma, también ha propuesto «regular las denominadas ‘puertas giratorias’ entre la justicia y la política» para cambiar la legislación actual, que permite que jueces y magistrados alternen su labor jurisdiccional con cargos políticos.

Estas medidas darían una mayor independencia al poder judicial en España, que ya cuenta «con una de las judicaturas más independientes del mundo, hasta tal punto que son las propias asociaciones judiciales las más activas a la hora de proponer líneas de mejora, refuerzo y blindaje», ha dicho.

Para el ministro, también habría que «desjudicializar la política», ya que «la política no se ejerce en los juzgados». «Los tribunales están para otra cosa, para resolver conflictos jurídicos, no disputas ideológicas», ha opinado.

En este sentido, ha propuesto regular la acusación popular, una línea de actuación que «hasta el partido socialista» defendió en su última legislatura de gobierno, ha destacado.

«Estoy seguro de que podremos llegar a un modelo de concertación, de manera que la acusación popular sea lo que de verdad nuestra Constitución quiso que fuese: un mecanismo de participación de los ciudadanos en la justicia, no un instrumento al servicio de la política, ni de espurios objetivos no judiciales».