Castilla y León mantiene el toque de queda: «El Gobierno obstaculiza la protección de la vida»

Fernández Mañueco
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El Gobierno ha recurrido la ampliación del toque de queda acordado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la pandemia del coronavirus. La comunidad ha instaurado un nuevo límite a la movilidad desde las 20:00 horas hasta las 6:00 horas de la mañana, algo que para el Ejecutivo central es ilegal porque no lo recoge el decreto del estado de alarma.

En concreto, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha informado que el Gobierno dirigido por Sánchez ha pedido a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo 2/2021, del 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León.

Un recurso que llega sólo un día después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciara en una rueda de prensa que no se preveían los confinamientos domiciliarios pero que sí se abría a ampliar los toques de queda tal y como reclamaban diferentes comunidades autónomas como la castellanoleonesa.

La Junta de Castilla y León no ha tardado en responder al Gobierno. En un comunicado anuncia que se mantiene vigente el toque de queda «en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley». Además, lamenta que el Gobierno trate de «obstaculizar» una norma que tiene como «único objetivo proteger» la vida y la salud de las personas y «reducir lo más posible» el daño a la economía.

El Gobierno autonómico recuerda que la comunidad se encuentra en una situación de «extrema gravedad» ante la pandemia del coronavirus y es por eso que debe tomar medidas contundentes. «La incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por Covid-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad», recoge el comunicado remitido a Europa Press.

Es por esto que la Junta no comprende como el Gobierno de Pedro Sánchez «trata de obstaculizar» con su recurso al nuevo toque de queda la acción del Ejecutivo autonómico, cuyo objetivo único y principal, según defienden en el comunicado, es proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía.

Castilla y León defiende la legalidad de la ampliación del toque de queda, que comienza desde este sábado desde las 20:00 horas hasta las 6:00 horas. Está amparada, «según defienden los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León», en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades.

«Contempla su disposición transitoria única sobre la ‘Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno’ expresamente lo siguiente: la medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión», añade.

Es por esto que mantiene el toque de queda y avisa: deberá ser el Tribunal Supremo el que dictamine si el presidente de la Junta, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia.

A pesar del recurso del Gobierno, Castilla y León reitera que el toque de queda a las 20:00 horas sigue vigente hasta que no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley por lo que vuelve a insistir «encarecidamente» en que toda la población limite al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta «grave» tercera ola de la pandemia.

Por otra parte, reclama «una vez más» al Gobierno de España instrumentos jurídicos seguros, «si es que discute los existentes», que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas. «Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías», explican.

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