España
Informe sobre el Estado de Derecho

Bruselas sigue de cerca la politización de la Fiscalía de Delgado para su examen de la Justicia en España

La Comisión Europea analiza las relaciones entre el Gobierno y Dolores Delgado para su nuevo informe sobre el Estado de Derecho en los Estados miembros. En su primera evaluación, el año pasado, Bruselas ya señaló su preocupación por la cercanía entre el Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado y su impacto en la «percepción de independencia». Ahora, en respuesta a una pregunta del Partido Popular -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- el organismo comunitario confirma que «sigue observando la evolución a este respecto, en particular en el contexto del Informe sobre la situación del Estado de Derecho de 2021, que se encuentra actualmente en fase de preparación».

‘Asalto’ a la cúpula

En concreto, la pregunta elevada por los eurodiputados del PP Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido y Javier Zarzalejos pedía la valoración de la Comisión europea sobre el ‘asalto’ a la cúpula fiscal por parte de Delgado, colocando a sus afines.

«La Fiscal General de Estado ha realizado nombramientos provocando desequilibrio en la representación de los fiscales: 12 miembros de la Unión Progresista de Fiscales, con 250 asociados; 7 de la Asociación de Fiscales (AP), con 560 fiscales asociados; 7 fiscales independientes, y la propia Fiscal General del Estado», exponían los ‘populares’.

En este contexto, preguntaban a la Comisión si el Gobierno había tomado alguna medida «para resolver la cuestión de las relaciones con la Fiscalía» y si Bruselas «es consciente de que los nombramientos para la Junta de Fiscales agravan el sesgo político de la Fiscalía que dirige la misma persona que fue ministra de Justicia en el Gobierno anterior del Partido Socialista».

«¿Piensa la Comisión seguir este asunto para evaluarlo y abordarlo en el próximo Informe sobre la situación del Estado de Derecho en la UE?», concluían desde el PP.

En la respuesta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Bruselas confirma que esos asuntos son motivo de observación de cara a un nuevo examen sobre el Estado de Derecho.

«Como señala su señoría, en el capítulo sobre España del Informe sobre la situación del Estado de Derecho de 2020, la Comisión tomó nota de los debates en curso sobre el sistema de nombramiento y la regulación de las comunicaciones entre el Gobierno y el Fiscal General. La Comisión sigue observando la evolución a este respecto, en particular en el contexto del Informe sobre la situación del Estado de Derecho de 2021, que se encuentra actualmente en fase de preparación», es la respuesta emitida por parte de la Comisión Europea.

«Percepción de independencia»

El año pasado, Bruselas puso el foco en la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero, asimismo, dejó patente su especial preocupación por la «relación» entre el Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado, en cuanto a su régimen de nombramiento, el periodo de su mandato y el sistema de comunicación con el Ministerio de Justicia.

Sobre el nombramiento de la Fiscal General del Estado, Bruselas señalaba que «la coincidencia del periodo de mandato» del Gobierno y la Fiscalía podían «afectar a la percepción de independencia».

Desde Europa se mostraba especialmente la preocupación por el hecho de que la designación de la Fiscal General del Estado saliese de Moncloa y que su mandato coincida con la legislatura.

«El Consejo de Europa ha destacado que, para la confianza pública, no sólo es fundamental que la labor de la Fiscalía sea, sino que también parezca imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia, en particular de naturaleza política», se podía leer en el documento.