España
'Caso Begoña Gómez'

Begoña Gómez quería captar a «grandes empresas» para asegurar la «sostenibilidad económica» de su software

Begoña Gómez está imputada por apropiación indebida por la plataforma desarrollada para la Complutense

Begoña Gómez quería ampliar su plataforma para pymes -por la que ha sido imputada por apropiación indebida- a las «grandes empresas», con la finalidad de asegurar su «sostenibilidad económica». Así se revela en un informe que la mujer del presidente del Gobierno remitió en febrero al subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simón, para pedirle que siguiera patrocinando la cátedra y que ha sido incorporado al sumario.

En el documento, Gómez expone sus proyectos para el año en curso, frustrados ahora por su imputación por cuatro delitos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo).

Entre esos proyectos están los relacionados con la plataforma de «medición de impacto» para pymes, un software creado para la Universidad Complutense de Madrid y que Gómez registró a su nombre. Por este motivo, el juez indaga en la posible comisión de un delito de apropiación indebida.

La esposa del líder socialista expone su intención de «buscar nuevos aliados» para poder seguir desarrollando su plataforma, que no llegó a ser presentada, así como la realización de «pruebas piloto» y presentaciones en «seis ciudades». También comunica su intención de incorporar a organizaciones del Tercer Sector e impulsar «desarrollos para las grandes empresas en relación a la cadena de suministros que permita la sostenibilidad económica de la plataforma».

Cabe recordar que Gómez ya recurrió a tres empresas de alto nivel -Google, Telefónica e Indra- para poner en marcha este software. Las compañías dejaron el proyecto en una fase avanzada, por lo que la mujer de Sánchez tuvo que recurrir a la Complutense para finalizar el proyecto. La Universidad gastó más de 100.000 euros en distintos contratos.

El informe revela además que tenía registradas hasta 20 empresas en esta plataforma, creada para que las pymes llevasen a cabo una «medición de impacto social y medioambiental» y su cumplimiento de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pese a que el software era propiedad de la Universidad, Gómez -sin autorización- lo registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas y lo ofrecía a través de una web a su nombre.

En septiembre, la esposa del presidente del Gobierno, a través de su abogado, envió un correo electrónico a la Complutense anunciando que no renovaría el dominio web transformatsc.es, que albergaba este software, debido a «la situación administrativa y judicial» en que se encontraba su cátedra.

En el mail, dirigido al vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM, José María Coello de Portugal, Gómez explicaba que el registro de la web que soportaba la plataforma de medición y gestión de impacto social y medioambiental «en desarrollo» expiraba el 21 de septiembre de 2024. El vicerrector le respondió que ese dominio ni estaba «a nombre de la UCM ni autorizado por la UCM» por lo que no actuarían «en ningún sentido respecto a la renovación del mismo».

Además, matizaba que «no es correcto afirmar», como sostenía Gómez, «que el registro de dominio se hizo en su día siguiendo las indicaciones de la OTRI», Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Complutense, «puesto que se limitaron a informarle de cómo registrar un dominio». Según la Universidad, Gómez nunca remitió el formulario para registrar dicho software.

Apropiación indebida

La esposa del líder socialista está ahora imputada por, entre otros, un delito de apropiación indebida por esta plataforma. En el auto de imputación, el juez Juan Carlos Peinado explica que en la querella interpuesta por Hazte Oír existen indicios de que Begoña Gómez «vinculada, como codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva, a la UCM, habría inscrito a su favor, como titular de la entidad Mercantil Transforma TSC SL. la marca TSC Transformación Social Competitiva y posteriormente el software de la cátedra Transformación Social Competitiva, que había sido financiado por empresas, pero siempre para la Universidad Complutense de Madrid». Peinado destaca que, «evidentemente», este hecho podría ser incardinado en el delito de apropiación indebida.

En julio, la Complutense, tras una investigación interna, ya emplazó al juez Peinado a seguir indagando en los hechos, denunciando la posibilidad de que «hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos» de titularidad de la Universidad.

En el informe se señalaba además la falta de colaboración de Gómez con la investigación, indicando que no había remitido a la Complutense la información requerida.