La auditora de la Cámara de Cuentas sobre los ERE: «Observamos claramente riesgo de menoscabo»

La auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoza ha declarado en el juicio por el Caso ERE que revisar los expedientes de las ayudas investigadas por encargo del Gobierno andaluz tras abrirse la causa judicial en 2011, observaron «claramente riesgo de menoscabo» de fondos públicos.

Mendoza ha testificado en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

La auditora, que ha comparecido por segundo día respondiendo a las defensas, coordinó la revisión de las ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo entre 2001 y 2011 para realizar un informe que encargó el Consejo de Gobierno al estallar el escándalo judicial por detectarse los primeros «intrusos» en ERE subvencionados (prejubilados en empresas para las que nunca trabajaron).

Ha señalado que aunque en esos años la Intervención «no advirtió de riesgo de menoscabo», a diez años vista y ante «las situaciones excepcionales que se pusieron de manifiesto» en su caso sí observaron «claramente riesgo de menoscabo», por lo que lo pusieron en conocimiento del Gabinete Jurídico de la Cámara de Cuentas y del Tribunal de Cuentas «que es el único que tiene jurisdicción para determinar si lo hubo o no lo hubo» (ya ha dictado seis condenas exigiendo a ex cargos hacer frente a cantidades defraudadas).

«Instrumento inadecuado»

La testigo ha explicado que «no había nada en los expedientes que nos hiciera saber que se habían aplicado para el fin que se habían concedido» porque «no había justificación» y tampoco «quedaba motivado el interés general» para conceder subvenciones excepcionales.

Y ha añadido que la Consejería de Empleo usó un instrumento de financiación «inadecuado» para pagar las ayudas a través de la agencia pública IDEA, al enviarle los fondos mediante transferencias de financiación que sólo pueden usarse «para equilibrar pérdidas y ganancias de los entes instrumentales».

Si la Consejería quería usar esos créditos para conceder subvenciones debió «proponer una modificación presupuestaria» para cambiar su clasificación en los presupuestos, ya que todo gasto que emita una Consejería debe «someterse a fiscalización previa» que en este caso se omitió al tramitarse «inadecuadamente».

Preguntada por la defensa del ex interventor Manuel Gómez si las advertencias de la Intervención fueron suficientemente claras sobre lo inadecuado del sistema, Mendoza ha respondido que estaba puesto «negro sobre blanco» en los informes de control financiero de IDEA cuyos destinatarios en el propio ente, la consejería de adscripción (primero Empleo y desde 2004 Innovación) y Hacienda, «lo podían entender».

«Prescindiendo del procedimiento»

Ha dejado claro que «la orden de paralización» de la concesión de ayudas «prescindiendo del procedimiento» legalmente establecido dependía de la consejería» que las daba, en este caso Empleo.

Y a la pregunta de si cree que los avisos de la Intervención eran suficientes para que dicha consejería actuara, ha sido contundente: «A la vista de la situación, de que estamos sentados aquí, nada fue suficiente. La Intervención utilizó los instrumentos para hacer conocer esos hechos, evidentemente no fue suficiente», si bien ha admitido desconocer qué se pudo haber hecho.

A preguntas del abogado Adolfo Cuéllar -que representa al ex secretario de Empleo Javier Aguado-, Mendoza ha admitido que actualmente es coordinadora de la consejera de la Cámara de Cuentas Amelia Martínez, nombrada a propuesta del PP (que ejerce la acusación popular) pero ha defendido que eso no le influye para su testimonio y que cuando hizo el informe trabajaba para el consejero Rafael Rodríguez, nombrado a propuesta de IU, y también lo ha hecho para consejeros propuestos por otros partidos.