La Audiencia Nacional pide a Interior el libro de los servicios policiales del comisario Villarejo
La Audiencia Nacional solicita al Ministerio del Interior el libro de servicios policiales del comisario Villarejo para comprobar si cometió los presuntos delitos investigados cuando ya estaba jubilado.
Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha remitido hace pocos días esta petición al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. El libro de servicios recogería datos sobre los trabajos del mando policial investigado, así como sus operaciones o viajes, aportando una información muy valiosa para la instrucción.
El objetivo de esta pesquisa sería comprobar si los supuestos actos delictivos cometidos por el comisario, investigados en el marco de la ‘Operación Tándem’, los realizó a partir del mes de agosto de 2016, cuando ya se había jubilado y por tanto, ya no era funcionario de la Policía Nacional.
Villarejo ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1972 y tres años después fue destinado a la Comisaría Provincial de San Sebastián, donde desempeñó labores antiterroristas y participó en diversas operaciones contra ETA. De hecho, llegó a recibir la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco.
Posteriormente, era destinado a Madrid, concretamente, al equipo de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior. En 1983 cogió una excedencia de 10 años, en los que se dedicó a diferentes negocios, llegando a realizar diferentes trabajos de investigación como detective, para organismos públicos y privados.
Después, se reincorporó como agente encubierto para la Secretaría de Estado de Interior, donde ha participado en numerosas, delicadas y polémicas operaciones secretas de inteligencia.
Actualmente, el comisario se encuentra en prisión incondicional en la cárcel madrileña de Estremera desde el mes de noviembre de 2017, tras ser detenido por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Este lunes, la defensa de Villarejo reiteraba que el comisario no estaba detrás de las filtraciones de información sobre la causa y exigía al juez instructor que las investigue por suponer un «quebrantamiento» y una «violación» del secreto sumarial, que lleva a realizar «juicios paralelos».
En un comunicado, el letrado del comisario denunciaba que «la dinámica de publicación sesgada o descontextualizada y, en todo caso, interesada de conversaciones y materiales que no afectan a la causa o que todavía no se han encontrado» en los registros practicados por la Policía «laminan de forma irremediable e intolerable los derechos» de Villarejo para «defenderse con todas las garantías».
Archivadas 3 piezas de la causa
Mientras tanto, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional confirmaba este miércoles el sobreseimiento provisional de la investigación al comisario Carlos Salamanca y de las denominadas piezas Iron y Land del caso Villarejo, que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.
En el auto referente a Salamanca, el juez consideraba que los extractos concretos de conversaciones recogidos en el oficio policial a los que hace referencia el Ministerio Público se hacen “sin tener cuenta el conjunto de la conversación, así como el contexto en el que las mismas se llevaron a cabo”. Añade que son “estas conversaciones telefónicas los únicos elementos de imputación que han sido presentados por el Ministerio Fiscal hasta el presente momento procesal, sin que quedar ratificados por ningún otro indicio objetivo de criminalidad”.
La resolución que confirmaba el archivo parcial de la pieza Iron, respecto de Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno, explicaba igualmente que los extractos recogidos en el oficio policial citados por la Fiscalía se hacen sin tener en cuenta el conjunto de la conversación, ni el contexto.
Por último, en el auto que rechazaba la reapertura de la pieza Land en relación a Francisco Lorenzo, David Fernández y Susana García Cereceda, dice el magistrado que no se han encontrado nuevos indicios incriminatorios objetivos y racionales de imputación sobre los investigados “manteniéndose solamente las proyecciones especulativas sobre los hechos, a las que se alude en el escrito de los representantes del Ministerio Público”.
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