La Audiencia Nacional investigará al ministerio de Bolaños por obstrucción de la Justicia en Tsunami

La Audiencia Nacional investiga, en una pieza separada, un posible delito de revelación de secretos por la filtración de la repuesta suiza a la comisión rogatoria enviada por el juez instructor de la causa Tsunami, Manuel García Castellón, en la que solicitaba su colaboración. Esa contestación de la Justicia helvética llegó antes a medios de comunicación afines al Gobierno de Sánchez que al juez instructor. Además, tal y como ha podido saber OKDIARIO, también se está investigando la presunta comisión de un delito de obstrucción a la Justicia ya que este documento estuvo retenido en el Ministerio de Justicia sin ser entregado al juez. El documento -fechado a 22 de diciembre- estuvo meses en el departamento que dirige Bolaños y fue publicado por El País antes de llegar a la Audiencia Nacional.

El pasado mes de noviembre, el juez García Castellón solicitó a las autoridades suizas que localizaran a la fugada Marta Rovira y dieran información sobre sus cuentas bancarias en Suiza en el marco de la investigación del caso Tsunami. Lo hizo mediante una comisión rogatoria de la que no ha tenido respuesta hasta el miércoles 21 de febrero. Sin embargo, la Oficina Federal Suiza contestó a la petición el pasado 22 de diciembre, denegando al juez la información solicitada sobre de los movimientos de Rovira.

La respuesta de Suiza fue enviada al Ministerio de Justicia, que ha custodiado este documento durante semanas sin enviárselo al juez. De hecho, el instructor de Tsunami, Manuel García Castellón, llegó a enviar el 6 de febrero una nueva misiva a Suiza reiterando su petición y justificando los motivos por los que fue enviada la comisión rogatoria. Todo ello desconociendo que las autoridades helvéticas ya habían enviado su respuesta a España.

De este modo, fuentes jurídicas señalan que se va a estudiar esta tardanza a la hora de enviar documentos al juez, ya que repercute en retrasos durante la investigación. Además, esta dilación está tipificada en el Código Penal, que contempla el delito de obstrucción a la justicia. Este delito consiste en actuaciones dolosas que se ejecutan durante un procedimiento judicial o tras su finalización y que atentan contra el correcto desarrollo de la Administración de Justicia. En concreto, en este caso la situación se agrava, ya que el delito contra la Administración judicial lo estaría cometiendo el propio Ministerio de Justicia, que dirige el socialista Félix Bolaños.

Suiza no colabora

El juez de la Audiencia Nacional ya ha recibido la respuesta suiza, que ha llegado tras su publicación en los medios de comunicación. Este documento está siendo traducido, aunque ya se conoce su contenido debido a la filtración. La Oficina Federal de Justicia de Suiza se ha negado a auxiliar al juez en sus peticiones, porque entiende que debe decidir antes si existe un carácter político en la solicitud.

En concreto, explica que antes de «proceder a la tramitación» de la comisión rogatoria necesitan comprobar si ésta «tiene un carácter político» que «impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal». Las autoridades suizas explican que necesitan saber para qué quiere el juez conocer el paradero de Marta Rovira y por qué lo hace por este conducto, cuando esta medida puede llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial.

Además, Suiza solicita información sobre cómo puede afectar la Ley de Amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados «a varios separatistas catalanes» en la causa Tsunami. «Agradeceríamos que su ministerio o el Juzgado Central de Instrucción número 6 nos ampliaran información al respecto. Sería conveniente, entre otras cosas cuestiones, que nos explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami, así como contra la Sra. Rovira Vergés, cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara», señala la carta. 

Audiencia Nacional responde

El juez de la Audiencia Nacional ha respondido a la negativa de las autoridades suizas a colaborar. García Castellón ha explicado en un auto que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial en base a motivos políticos en causas en las que se investigan delitos de terrorismo como ocurre en Tsunami. 

Asimismo, el juez considera que es «inadmisible» la solicitud que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una Ley de Amnistía. García Castellón subraya que, en un Estado con poderes separados, no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite, ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, a buen seguro, ocurre en Suiza.