La Audiencia Nacional lucha por quedarse la investigación por sedición contra Trapero y ‘los Jordis’

La Audiencia Nacional lucha por continuar investigando la causa por sedición contra el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente del Cuerpo, Teresa Laplana y los presidentes de ANC y Ómnium Cultural encarcelados en la prisión madrileña de Soto del Real, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado este martes un informe a la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, antes de resolver sobre la competencia y acumulación de la causa.

Llarena dictaba una providencia en la que, con carácter previo a resolver sobre la competencia y acumulación de la causa, pedía a la juez Lamela que en el plazo de 5 días le informe sobre “los aspectos fácticos, procesales e investigativos de ambos procedimientos”. Horas después, la juez Lamela emplazaba a las partes a que expusieran ante el Supremo si desean que se acumulen todas ellas en un único procedimiento.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que previsiblemente «la causa por rebelión, sedición y malversación contra los exmiembros del Govern y el expresidente Carles Puigdemont será asumida por el Supremo. No está tan claro lo que sucederá con la causa por sedición contra Trapero y ‘los Jordis’».

Estas mismas fuentes apuntan que lo «normal» es que esta causa continuara investigándose en la Audiencia Nacional y por tanto, por la magistrada Lamela. Sin embargo, todo dependerá la decisión final que adopte el instructor del Alto Tribunal, Pablo Llarena en los próximos días.

Mientras tanto, la Audiencia sigue instruyendo la causa y no se descartan «nuevas comparecencias», incluida la del propio Trapero. Antes, la Fiscalía deberá ampliar su querella inicial en la que denunciaba los disturbios que tuvieron lugar en las calles de Cataluña el 20 y el 21 de septiembre.

En estas fechas, la Policía Nacional y la Guardia Civil sufrieron el acoso de centenares de personas durante la ejecución de la ‘Operación Anubis’ contra exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña relacionados con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. La ampliación de la querella recogería los hechos posteriores hasta el referéndum ilegal del 1-O.

Por otro lado, los presidentes de la ANC y Ómnium permanecen encarcelados después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia confirmara el pasado 3 de noviembre su prisión provisional por 4 votos de los magistrados a favor y 1 en contra. La Sala consideraba que la huida a Bélgica del expresidente catalán y de parte del Govern cesado potencia el riesgo de fuga de los ‘Jordis’ al poderles dar “refugio”.

“Parte de quienes tienen una presumible muy relevante participación en el proceso sedicioso que nos ocupa, con quienes son innegables las afinidades de Cuixart, se encuentran huidos en el extranjero” y ello potencia el riesgo de fuga porque “siempre le resultara más fácil encontrar refugio entre ellos si decide abandonar España” señalaba el auto donde se confirmaba la prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el de la ANC, Jordi Sánchez, encima de un coche de la Guardia Civil.

La causa sigue su curso

Las defensas de los miembros del Govern de Cataluña encarcelados tras la Declaración Unilateral de Independencia, DUI esperarán previsiblemente a la acumulación inminente de la causa por parte del Supremo para presentar cualquier recurso o petición.

El pasado 2 de noviembre, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional decretaba el ingreso en prisión incondicional para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y para los otros 7 exconsejeros que se presentaron a declarar: Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundò y Dolors Bassa.

La magistrada fijaba también prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para Santi Vila, el único de los exconsejeros del Gobierno cesado de Carles Puigdemont que dimitió la noche antes de la proclamación de la DUI en el Parlamento catalán el 27 de octubre. Todos están investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, tras admitir la Audiencia Nacional la querella presentada por la Fiscalía General del Estado.