Arranca en la Audiencia Nacional el macrojuicio a 35 acusados de pertenecer a ETA

Siete ex dirigentes de las ilegalizadas ANV y PCTV han negado hoy en el juicio contra ellos que se celebra en la Audiencia Nacional haber pertenecido nunca a ETA y han defendido que sus labores en la izquierda abertzale eran exclusivamente políticas o de administración.

En el banquillo de este macrojuicio que ha comenzado hoy se sientan 35 acusados, entre ellos históricos dirigentes de Batasuna como Pernando Barrena -que declarará este viernes- y Juan José Petrikorena, que se enfrentan a una petición fiscal de 10 años de prisión por integración en ETA.

Los siete encausados que han declarado hoy han negado cualquier vínculo con ETA y han aclarado que sus labores dentro de los partidos independentistas fueron estrictamente políticas en el ejercicio de sus «derechos civiles» o bien de carácter administrativo.

Los 35 acusados han llegado juntos a la sede del tribunal de San Fernando de Henares (Madrid), donde continuará la vista este viernes y durante varios días hasta el mes de marzo -el 16 de este mes está prevista la declaración como testigo de Arnaldo Otegi-, portando una pancarta con la palabra «Libre».

Todos los que han declarado hoy han contestado únicamente a las preguntas de sus abogados y se han negado así a dar su versión a los fiscales José Perals y Susana Landeras y a las acusaciones personadas (AVT y Dignidad y Justicia).

De los siete que han comparecido, a seis -Haizpea Abrisketa, Tomasa Alejandro Gordaliza, Nuria Alzugaray, Egoitz Apaolaza, Aitor Aranzabal y Karmele Ayerbe- se les atribuye haber sido miembros de la mesa nacional de Batasuna, aunque todos ellos lo han negado.

Abrisketa ha dicho que toda su actividad fue política dentro de su militancia en la izquierda abertzale y «en ningún momento terrorista o relacionada con el terrorismo».

Trabajó como asistente del eurodiputado Koldo Gorostiaga (EH) y la Fiscalía le atribuye haber dado 200.304 euros a otro miembro de la mesa, Jon Gorrotxategi, que fue detenido por la policía francesa portando una mochila con ese dinero destinado a Batasuna, aunque ella hoy ha dicho que el Parlamento Europeo investigó el caso y lo archivó.

En la misma línea se ha defendido Aranzabal, detenido en 2008, quien ha dicho que «desde muy joven» ha sido miembro de la izquierda abertzale como responsable de organización del territorio, aunque siempre defendiendo sus «derechos civiles y políticos» y nunca al servicio de ETA. Los fiscales le acusan de haber controlado la elaboración de listas de ANV y hoy él ha dicho que nunca hizo esa labor.

Otros acusados se han escudado en que solo ejercieron labores administrativas, como Alejandro Gordaliza, quien ha negado haber sido secretaria de la mesa de Batasuna y ha explicado que en realidad trabajó como secretaria personal del dirigente abertzale Joseba Permach -que declarará como testigo en el juicio-.

Según su versión, desempeñó esta labor hasta que, el 4 de octubre de 2007, fue detenida junto a él en Segura (Guipúzcoa) en la operación que acabó con el arresto de la cúpula de Batasuna.

Todos los días, ha dicho, acudía a un local del PCTV en el polígono de Belartza (Guipúzcoa) para trabajar como secretaria de Permach, aunque la Fiscalía asegura que no figuraba como empleada del partido.

Otra presunto miembro de la dirección de Batasuna es Alzugaray, quien ha negado que fuera responsable de EKIN y se incorporara a Batasuna a partir de la detención de sus integrantes en Segura, y ha dicho que fue contratada por PCTV para trabajos administrativos.

Respecto a una transferencia de 27.000 euros que recibió de PCTV en noviembre de 2007, un mes después de las detenciones de Segura, ha asegurado que correspondía a un adelanto de su sueldo.

Otro de los acusados, Egoitz Apaolaza, detenido en Segura, ha asegurado que no participó en la reunión que se celebró ese día en la localidad guipuzcoana, tal y como sostiene la Fiscalía.

Fue arrestado esa tarde en su coche junto a varios miembros de la mesa de Batasuna y hoy ha explicado que los llevaba en el vehículo porque les hizo el «favor» de recogerlos tras encontrárselos de camino a casa desde Ordizia, y que lo hizo porque eran «personas públicas».

La única interrogada hoy que no formó parte de la mesa de Batasuna es Alazne Arozena, a la que la Fiscalía atribuye las funciones de tesorera y representante general de ANV en 2007, cargos que ha negado tajantemente afirmando que llevó la contabilidad de la formación puntualmente para las elecciones municipales de mayo de ese año.

Ha explicado que esta labor la realizaba en el local que PCTV tenía en el polígono de Belartza porque llegó a ese acuerdo al encontrarse la sede de ANV en Vizcaya, más lejos de su domicilio.