Aragonés subirá la tarifa del agua mientras gasta 1,5 millones contra el machismo en Mozambique
La Generalitat subirá el precio a las viviendas desocupadas porque dice que están destinadas a la "especulación"
La sequía en Cataluña se alarga dos años y el Gobierno autonómico no consigue implantar medidas mitigadoras
La Generalitat de Cataluña, que lidera Pere Aragonés (ERC), abre la puerta a subir los precios del agua pública con la excusa de que es necesario incrementar los pagos de aquellos catalanes que más consumen. Se trata de una polémica medida, porque Aragonés castiga el bolsillo de los catalanes con el agua mientras despilfarra en gastos como el que se ha conocido recientemente: el Gobierno catalán ha decidido financiar con 1,5 millones un proyecto destinado a eliminar la violencia de género en Mozambique.
La decisión del equipo de Pere Aragonés de subir el canon del agua en Cataluña se ha comunicado en plena crisis por la prolongada sequía que afecta a la región desde hace más de dos años. En la parte no variable del precio, en el caso de que no se consuma mucha agua se establece un precio fijo de 4 euros mensuales por metro cúbico.
El Gobierno catalán aboga así por medidas «estructurales» para enfrentar la sequía. El propósito de esta revisión es sancionar a todas las propiedades que han estado desocupadas durante un período prolongado; es decir, aquellas en las que no reside nadie habitualmente en los últimos meses, ya que el Ejecutivo de Aragonés considera que están sujetas a la especulación. También busca eliminar algunas de las actuales exenciones para grandes consumidores y, por el contrario, ampliar la lista de grupos exentos de la tarifa social del agua.
Todas estas modificaciones buscan alinear más el canon con la situación de emergencia hídrica que afecta a la comunidad. Y, para abordarla, el Gobierno catalán ha implementado restricciones destinadas a reducir el consumo de recursos. Frente al coto que ponen a las viviendas desocupadas, prometen una tarifa social de cero euros a jubilados, pensionistas por invalidez o incapacidad permanente, receptores de prestaciones sociales, familias con todos los miembros en paro, así como personas en riesgo acreditado de exclusión social, entre otros.
Despilfarro en Mozambique
Frente a la decisión de Pere Aragonés de encarecer el agua, su Gobierno sigue volcado en el gasto en el exterior. Hace escasos días la Generalitat ha dado luz verde al acuerdo mediante el cual la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) gastará 1,5 millones de euros en Mozambique (África) para reducir allí la violencia de género.
Esta transferencia representa el primer entendimiento entre la ACCD y la Comisión Europea, posibilitando que la agencia forme parte integral del comité técnico encargado de dar seguimiento al proyecto. Todo ello en colaboración con la delegación de la UE en Mozambique, según detalla la Generalitat en un comunicado.
El programa Tolerancia cero con la violencia de género no sólo busca abordar la violencia de género, sino también evaluar la contribución de la cooperación catalana en Mozambique, donde ha desarrollado «una sólida trayectoria» en la promoción de la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.
En la misma línea, llueve el dinero público para otras causas similares. La Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat ha decidido destinar 320.000 euros a la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social para respaldar la ejecución de 15 proyectos. El objetivo del convenio es fortalecer al Tercer Sector como un ámbito «sólido, profesionalizado, dinámico, arraigado a la comunidad y reconocido institucionalmente».
Igualmente, la Generalitat ha autorizado a los departamentos de Presidencia, Empresa y Trabajo, Igualdad y Feminismos, así como Derechos Sociales, para conceder una subvención de 814.000 euros a la asociación Obertament con el propósito de financiar los costos asociados al proyecto Lucha contra el estigma en la salud mental 2023.
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