Anticorrupción desafía al fiscal sanchista de la UE: pide a la Audiencia retener el ‘caso Koldo’

Guerra entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea. La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha registrado un escrito ante el juzgado del caso Koldo para que se quede la causa. Pide al juez Ismael Moreno que plantee una cuestión de competencia en el Tribunal SUpremo para que esta instrucción no acabe en la Eurofiscalía donde Pedro Sánchez nombró a un fiscal afín, Ignacio de Lucas, que tiene un hermano ex senador del PSOE.

En un completo escrito de 25 páginas Anticorrupción despliega una relación de argumentos por los cuales pide a Ismael Moreno «el planteamiento de la cuestión de competencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a los efectos de mantener la competencia respecto de los hechos y delitos investigados en el procedimiento, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud Balear y Canario». Aboga porque el Ministerio Público con sede en Luxemburgo mantenga «su competencia sobre tales expedientes en lo relativo exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE». En este caso se investigan presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas cobradas por personas del Ministerio de Transportes y otras administraciones controladas por el PSOE.

«Resulta palmario que el Juzgado Central de Instrucción [de la Audiencia Nacional] se encuentra en mejor posición para la investigación que la Fiscalía Europea. Preferencia que deriva de la complejidad de la investigación, de los medios para afrontarla eficazmente y del tiempo ya dedicado a la instrucción del caso», zanja el fiscal anticorrupción del caso, Luis Pastor, en el documento consultado por OKDIARIO.

Así, la fiscalía que dirige Alejandro Luzón recuerda que «la Sala Segunda  del Supremo viene reiteradamente considerando que los criterios de atribución han de ser interpretados en función de la dificultad y complejidad de la instrucción y la posibilidad de generar una lesión al derecho fundamental a las dilaciones indebidas».

«En la presente situación, la atribución de la competencia a la Fiscalía Europea tendría efectos negativos sobre la instrucción: supondría un retraso en las investigaciones, en tanto que exigiría tener que tomar conocimiento de todo lo actuado hasta ahora, no sólo por parte de los Fiscales europeos delegados, sino también por parte de la nueva unidad policial», expone Pastor.

En este sentido subraya que cambiarían los agentes policiales encargados del caso Koldo, «ya que la Unidad de Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dejaría automáticamente de encargarse de estas investigaciones».

La Fiscalía Europea se ha apropiado del caso –primero de lo referente a los Servicios de Salud de Canarias y Baleares y luego de la causa completa– y no ha gustado nada a Anticorrupción que registró la querella en septiembre de 2023. «De acuerdo con los apuntados criterios jurisprudenciales, la competencia de la Fiscalía Europea decae cuando la gravedad de los hechos que afectan a los intereses nacionales es superior a la de los intereses financieros de la Unión», argumenta Anticorrupción.

Citan un auto del Supremo: «La Fiscalía Europea debe poder ejercer su competencia siempre que esté en mejores condiciones para investigar o ejercitar la acción penal que las autoridades del Estado o Estados miembros correspondientes. Podría entenderse que la Fiscalía Europea está en mejores condiciones, entre otros casos, sobre el correspondiente delito debido a su carácter y magnitud transnacionales, o cuando el delito implique a una organización delictiva».

En atención a todo lo expuesto, el fiscal del caso Koldo considera que es la Audiencia «la competente para seguir investigando todos los delitos y que la Fiscalía Europea lo es para conocer de los expedientes de adjudicación de suministro de material sanitario de los Servicios Canario y Balear de Salud en lo relativo a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE. (…) Existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los intereses financieros de la UE y los delitos que no afectan a tales intereses no son instrumentales de estos, por lo que la remisión de las presentes Diligencias Previas a la Fiscalía Europea nunca procedería».

Envío del sumario

Por consiguiente, procede, sostiene Anticorrupción en el marco del caso Koldo, quedar las actuaciones en la Audiencia Nacional hasta en tanto sea resuelta por el Tribunal Supremo la cuestión planteada. En todo caso, «la documentación intervenida debe continuar en poder de la Unidad policial actuante para continuar con su estudio».

Pasar el sumario a la Fiscalía Europea y detener dicho estudio hasta la decisión final del Supremo «ocasionaría graves retrasos en la tramitación de las Diligencias Previas y dañaría el derecho de los investigados a un procedimiento sin dilaciones». Finalmente, además, «el trasiego de la ingente documentación y dispositivos intervenidos que, tras su eventual remisión a la Fiscalía Europea, podría volver a la Audiencia, generaría incuestionables riesgos en el necesario aseguramiento de la cadena de custodia».