La nº 2 de García Ortiz defenderá a su jefe ante el Supremo de la imputación por revelación de secretos

La nº 2 de Álvaro García Ortiz y teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, firmará el escrito de la Fiscalía sobre las querellas que tiene pendientes el fiscal general del Estado en el Alto Tribunal. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ultima estos días su decisión de admitir a trámite la exposición razonada que elevó el pasado mes de julio el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Goyena sobre Álvaro García Ortiz. El juez entendía que pudo incurrir en un posible delito de revelación de secretos tras difundir datos confidenciales sobre la situación fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. 

Álvaro García Ortiz está al borde de ser investigado —lo que antes se conocía como imputado— por el Tribunal Supremo. Tanto la defensa del novio de Ayuso, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el sindicato Manos Limpias denunciaron en el Alto Tribunal que el fiscal general podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos tras difundir una nota aclaratoria sobre la investigación judicial por fraude fiscal que se estaba llevando a cabo sobre González Amador. Álvaro García Ortiz ha sostenido que se aportó esa información para desmentir «un bulo» y se muestra tranquilo ante su futuro procesal. Por el momento, descarta dimitir si es imputado.

El Tribunal Superior de Justicia sí se mostró a favor de investigarle. «La difusión de dicha información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal porque supone la divulgación de datos e información que no pueden ser revelados a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, si atendemos al derecho a la defensa», matiza el magistrado Goyena. Y prosigue señalando que los datos e informaciones divulgados «formaban hasta ese momento parte de las actuaciones preprocesales, que llevaba a cabo la Fiscalía dentro de sus competencias orgánicas, en trámite reservado desde hacía tiempo y pendientes todavía del desenlace procesal que pudiera tener la actividad investigadora del Ministerio fiscal».

Tal y como publicó este periódico en primicia, las querellas sobre el fiscal general ya tienen asignado ponentes que decidirán sobre su admisión a trámite. La sala está pendiente de recibir el informe del Ministerio Público sobre este asunto. La mano derecha de Álvaro García Ortiz aún no ha remitido este documento que fue solicitado durante el verano, si bien los magistrados no estipularon un plazo. Presumiblemente, se opondrá a que este tribunal abra lo que se denomina una causa especial al tratarse de un aforado que debe ser enjuiciado por el Supremo. 

Apartó a una fiscal

María Ángeles Sánchez Conde ya apartó a la fiscal que se ocupaba inicialmente del caso. Se trataba de María de la O Silva y era partidaria de admitir la querella del novio de Ayuso. La fiscal consideraba que procedía hacer al menos unas mínimas averiguaciones para dar con el autor de la filtración. La número 2 de Álvaro García Ortiz se opuso y María de la O Silva impugnó la orden de su superior durante la Junta de Fiscales de Sala celebrada el pasado 23 de abril. Para ello invocó la aplicación del artículo 27 del Estatuto, un mecanismo del que disponen los miembros de la carrera fiscal para cuestionar el mandato de un superior cuando consideran que no se ajusta a derecho. Se acabó imponiendo el criterio de Sánchez Conde por la mínima. Tras rebelarse, la número 2 de Álvaro García Ortiz decidió poner en su lugar al que fuera fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura Francisco Javier Montero Juanes. Este fiscal extremeño es sobrino de un juez afín al PSOE. 

María Ángeles Sánchez Conde ingresó en la carrera fiscal en el año 1982. Tras pasar por las fiscalías de Cádiz, Barcelona, León y Bilbao llegó a Madrid. En la capital ha sido fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Constitucional, llegando a ser teniente fiscal de la Corte de Garantías. El 31 de enero de 2022, bajo el mandato de Dolores Delgado, tomó posesión como Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Desde entonces, es una de las personas de máxima confianza del sucesor de Delgado, Álvaro García Ortiz.