España
'Caso Begoña Gómez'

Las acusaciones piden al juez que retire el pasaporte a Begoña Gómez si no cancela el viaje al G-20

El juez Peinado tendrá que decidir si impide viajar a la mujer de Sánchez y si adelanta la citación judicial

Begoña Gómez tendrá que ir al juzgado al menos otras dos veces más por el escándalo del software

Las acusaciones populares del caso Begoña Gómez han solicitado de nuevo al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid que prohíba a la mujer de Pedro Sánchez salir del territorio nacional y le retire el pasaporte, después de que la imputada haya comunicado que no comparecerá a declarar el próximo 18 de noviembre, como estaba previsto, por tener que asistir a la cumbre del G-20 en Brasil. Estaba citada por delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo, pero comunicó al juzgado el pasado 11 de noviembre su imposibilidad de comparecer, adjuntando una invitación de la esposa del presidente brasileño, Janja Lula da Silva.

Las acusaciones (Vox, HazteOír, Iustitia Europa, Manos Limpias, MRPE y SERGAPP) consideran que esta comunicación supone «una falta de respeto al poder judicial» y argumentan que Begoña Gómez «no tiene ningún estatus especial» por ser la esposa del presidente. Además, señalan que la investigada recibió la citación judicial el 5 de noviembre y que podría haber recurrido el auto o comunicado antes su imposibilidad de asistir.

Como alternativa, las acusaciones solicitan que se adelante la declaración al 15 de noviembre, fecha en la que Begoña Gómez aún estará en España. Destacan que resulta «extraordinario que un investigado decida de modo unilateral que no va a acudir» y advierten sobre el riesgo de que los viajes oficiales puedan servir para «reiteración delictiva», dado que los delitos investigados se habrían cometido precisamente en el marco de encuentros y reuniones institucionales.

El escrito presentado ante el juzgado reclama que se trate a la investigada como a «cualquier ciudadano que se encuentra bajo investigación judicial», recordando que habitualmente los investigados deben solicitar autorización judicial para realizar viajes al extranjero.

Software

Es importante recordar que Peinado investigaba a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y que el 29 de octubre amplió su investigación al indagar sobre la querella presentada por Hazte Oír por una presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Tal como desveló OKDIARIO, la mujer de Sánchez impulsó una contratación desde el centro académico para crear una web con la que captar datos usando el nombre de su recién creada sociedad limitada (Transforma TSC SL).

Este paso lo dio Peinado después de que se revelara que la Audiencia Provincial de Madrid había determinado que él, como instructor del caso, es el juez competente para investigar la querella relacionada con el software.

En junio pasado, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid decidió remitir la querella de Hazte Oír al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La Fiscalía se opuso a que el caso quedara bajo la tutela del juez Peinado, pero el juez Juan Ramón Reig mantuvo su postura y confirmó su decisión de inhibirse.

Ante esta resolución, el Ministerio Público recurrió ante la Audiencia Provincial, que finalmente desestimó su apelación. En un auto al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados establecieron que Peinado es el competente para investigar si la esposa del presidente del Gobierno se apropió indebidamente del software de la Complutense.

La Sección Tercera argumentó que en el juzgado de Peinado «se han practicado diligencias relacionadas con los hechos del Máster en Transformación Social Competitiva, vinculado a la UCM, del cual Begoña Gómez era codirectora». Los magistrados concluyeron que existía «conexidad», ya que ese máster fue el proyecto para el cual se desarrolló el software, una parte con aportaciones supuestamente gratuitas de grandes empresas de informáticas y otra parte con una consultora multinacional a la que se le pagó 60.000 euros desde la UCM.