Manos Limpias pide al juez que quite el pasaporte a Begoña Gómez para que no elimine pruebas

El sindicato Manos Limpias ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que retire el pasaporte a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Argumentan que sus relaciones y viajes internacionales podrían utilizarse para «destruir pruebas y alertar a sus contactos», obstaculizando así la instrucción.

Esta petición se incluye en una ampliación de la denuncia presentada contra Begoña Gómez el 9 de abril, dentro de la causa que investiga un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios.

En la ampliación de la denuncia consultada por OKDIARIO está firmada por el secretario general del sindicato, Miguel Bernad. Señala que la retirada del pasaporte no se solicita por un hipotético riesgo de fuga, dado que es la esposa del presidente. Por el contrario, se requiere para evitar que viaje a países en los que ha hecho negocios y en los que podría destruir pruebas.

Manos Limpia reitera la acusación de que Gómez habría utilizado su posición para respaldar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas, mencionando específicamente a Carlos Barrabés, a quien se le habrían adjudicado licitaciones por valor de 10 millones de euros. Además, se afirma que este empresario fundó el Máster de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez y fue contratado como profesor asociado en la cátedra de esta.

El sindicato también vincula a Begoña Gómez con Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo, y señala esa persona que fue su contacto en una aerolínea, beneficiándose económicamente antes del «rescate» de esa compañía. Se mencionan acuerdos financieros entre esa empresa y el África Center que dirigía Begoña Gómez, así como vuelos de primera clase para ella y su equipo, parte de un acuerdo entre Globalia y el Instituto de Empresa.

Tras la admisión de la denuncia, Manos Limpias emitió un comunicado defendiendo sus argumentos que, reconocían, se basaban en informaciones publicadas por medios de comunicación. Posteriormente, el sindicato entregó un informe al juez Peinado relacionado con contratos por 10,2 millones de euros adjudicados por la entidad pública Red.es a la empresa de Barrabés, Innova Next SL. El sindicato destaca que la Administración del Estado no debe admitir recomendaciones en sus contratos, algo que esgrimen, Begoña Gómez habría hecho. Además, se señala que en estos contratos se exigían certificados de Administraciones Públicas para acreditar solvencia, siendo llamativo que el máster de Begoña Gómez haya sido financiado por Barrabés.

El juez instructor ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargue de las diligencias de investigación en este caso. La Fiscalía de Madrid presentó un recurso de apelación solicitando el archivo de la causa, pero el juez Peinado ha citado como testigos a responsables de medios de comunicación que publicaron las noticias en las que se basa la acusación, a petición de Manos Limpias. Está pendiente un recurso del Ministerio Público ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para dirimir si hay que archivar ese causa de Plaza Castilla.

Propuesta del PP

Por su parte, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para exigir al Gobierno que respete las decisiones judiciales, incluyendo aquellas relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente. Según el PP, tras conocerse que un juez había abierto diligencias previas contra Gómez por presunto tráfico de influencias, Pedro Sánchez optó por atacar a los jueces, a los medios de comunicación y a la oposición en lugar de dar explicaciones sobre los problemas legales que lo afectan a él y a su círculo cercano.

Los populares consideran que estas acciones representan una amenaza a la libertad y al Estado de Derecho, por lo que piden al Congreso que defienda la libertad de prensa, la independencia judicial y la separación de poderes. La propuesta incluye el cese inmediato de cualquier tipo de hostigamiento hacia periodistas, medios de comunicación y jueces, así como la restauración de la independencia de las instituciones públicas.